El Congreso de Puebla analiza la solicitud de revocación de mandato de la alcaldesa de Acatlán de Osorio. La edil deberá comparecer y se contempla una auditoría extraordinaria al municipio.

El Congreso del estado de Puebla inició formalmente el análisis de la solicitud de revocación de mandato contra la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, tras la petición presentada por integrantes del Cabildo. Como parte del procedimiento, la edil deberá comparecer ante el Poder Legislativo para presentar pruebas de descargo y responder a los señalamientos en su contra.

La solicitud se entregó el pasado 19 de junio por regidores del Ayuntamiento y se turnará al Pleno del Congreso el 25 de junio. Posteriormente, el caso se enviará a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, instancia encargada de determinar si la petición cumple con los requisitos legales para continuar con el proceso de revocación de mandato.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, explicó que el análisis comenzará con una revisión jurídica de la documentación presentada. Señaló que los promoventes acusan a la alcaldesa de presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Entre ellas opacidad en el manejo de recursos públicos, falta de gobernabilidad y presuntas violaciones a la legalidad administrativa.

De acuerdo con el legislador, la comisión legislativa podrá solicitar información adicional si considera insuficientes los elementos entregados. En una siguiente etapa, a la presidenta municipal la citarán a una audiencia formal para ejercer su derecho de defensa y presentar pruebas. Gaspar Ramírez enfatizó que el proceso se desarrollará con base en la ley y no responderá a intereses políticos.

El director jurídico del Congreso, Jesús Juárez Lezama, precisó que no existe un plazo definido para resolver la solicitud, ya que el análisis depende también de información proveniente de otras instituciones. Entre ellas se encuentran la Fiscalía General del Estado (FGE), la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Comisión de Derechos Humanos de Puebla. Cuyos posibles procedimientos se tomarán en cuenta.

El funcionario aclaró que la simple presentación de la solicitud no implica su procedencia automática. Ya que el Congreso debe revisar pruebas, anexos y antecedentes antes de emitir una determinación. Subrayó que el proceso es técnico y no se basa únicamente en denuncias iniciales.

Como parte de las acciones complementarias, el Poder Legislativo prevé la realización de una auditoría extraordinaria al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio. Con el objetivo de revisar el manejo de recursos públicos y detectar posibles irregularidades administrativas. En caso de confirmarse anomalías a funcionarios municipales, incluida la alcaldesa, podrían llamarlos a comparecer.

Por su parte, los regidores promoventes reiteraron que el proceso de revocación continuará su curso pese a las mesas de diálogo sostenidas con autoridades estatales. Entre los acuerdos derivados de dichas reuniones se encuentra la salida de funcionarios municipales, ajustes en la seguridad pública y la instalación de mesas ciudadanas para recibir denuncias.

Con el inicio formal del análisis legislativo, el Congreso de Puebla evaluará las pruebas presentadas por ambas partes para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen avanzar hacia un posible procedimiento de revocación de mandato en contra de la alcaldesa de Acatlán de Osorio.