La Secretaría de Educación Pública aseguró que las familias no perderán el dinero de las reinscripciones ni la continuidad académica de sus hijos, luego del proceso de clausura de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza.

La incertidumbre de decenas de familias comenzó a disiparse. La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal confirmó que los estudiantes de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza conservarán la validez oficial de sus estudios, pese al proceso de clausura que enfrenta la institución en Puebla. Además, los padres de familia podrán exigir el reembolso de las reinscripciones correspondientes al ciclo escolar 2026-2027.

El abogado de la dependencia federal, Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, informó que la SEP ya atiende las dudas de madres y padres preocupados por el futuro académico de sus hijos. En ese sentido, explicó que la institución deberá entregar toda la documentación escolar para facilitar el traslado de los alumnos a otros planteles, sin afectar su trayectoria educativa.

Asimismo, la dependencia dejó claro que los certificados de estudios emitidos por la academia mantienen su validez oficial, por lo que los estudiantes podrán continuar su formación en otra escuela sin obstáculos administrativos. Paralelamente, las autoridades reiteraron que el plantel también deberá responder por los pagos realizados por concepto de reinscripción.

La clausura forma parte de una revisión nacional

Desde el pasado 27 de julio, la SEP en Puebla inició las gestiones para clausurar la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, al considerar que ninguna institución privada cuenta con autorización para ofrecer educación bajo la modalidad militarizada o castrense. Incluso, la Secretaría de la Defensa Nacional ha reiterado que no acredita ni supervisa este tipo de planteles educativos.

La medida surge en medio de una revisión nacional sobre estas academias, impulsada tras diversos casos de presunta violencia contra menores registrados en el país. Por ello, las autoridades educativas buscan garantizar la protección de los estudiantes, asegurar la continuidad de sus estudios y evitar cualquier afectación económica para las familias, mientras avanza el procedimiento administrativo contra la institución poblana.