José Luis García Parra rechazó que exista persecución política contra Eduardo Rivera, mientras Alejandro Armenta confirmó que se reunirá con el exalcalde tras la inhabilitación de 15 años y la multa de 15 millones de pesos.

El coordinador de Gabinete del gobierno de Puebla, José Luis García Parra, rechazó que la administración estatal ejerza una persecución política contra Eduardo Rivera Pérez, exalcalde de la capital poblana. Sus declaraciones ocurren después de que se conociera la resolución del Poder Judicial del estado que contempla una inhabilitación de 15 años y una multa económica contra el panista.

El funcionario sostuvo que el gobierno estatal no interviene en las investigaciones ni en las determinaciones del Poder Judicial, por lo que consideró incorrecto responsabilizar al Ejecutivo de las sanciones impuestas al exedil. Además, cuestionó a los partidos de oposición que señalan una presunta utilización de las instituciones para afectar políticamente a Rivera.

García Parra explicó que el Poder Judicial y el Ejecutivo son instituciones distintas, con atribuciones y responsabilidades propias. Por esa razón, aseguró que la administración encabezada por Alejandro Armenta Mier no participa en los procedimientos que derivaron en la resolución contra el exalcalde.

También recordó que, desde 2025, el gobernador llamó públicamente a los expresidentes municipales a atender las observaciones de sus cuentas públicas y acercarse a la Auditoría Superior del Estado (ASE). Según el coordinador de Gabinete, ese exhorto buscaba que los exfuncionarios regularizaran sus gestiones y evitaran que los procesos de fiscalización se interpretaran como medidas de presión política.

Armenta confirma reunión con Eduardo Rivera

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta descartó que exista persecución política u omisión institucional en el procedimiento contra Eduardo Rivera. Explicó que la revisión de las cuentas públicas municipales corresponde a las autoridades fiscalizadoras y a las instancias competentes del Poder Legislativo.

El mandatario afirmó que su administración debe vigilar que ningún órgano público utilice sus facultades para perseguir a una persona o, por el contrario, dejar de cumplir con sus responsabilidades. En ese sentido, sostuvo que los procedimientos deben desarrollarse conforme a las atribuciones legales de cada institución.

Además, Armenta confirmó que mantiene comunicación con el exalcalde panista y anunció que lo recibirá durante los próximos días. El gobernador señaló que está dispuesto a escuchar a los distintos actores políticos de Puebla, independientemente de sus diferencias partidistas.

El mandatario realizó estas declaraciones durante una entrevista posterior a la presentación del libro La Revolución del Campo Poblano, evento que tuvo lugar en el Complejo Cultural Universitario (CCU) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Eduardo Rivera enfrenta inhabilitación de 15 años

La controversia comenzó después de que trascendiera la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial de Puebla contra Eduardo Rivera Pérez. La determinación contempla una inhabilitación por 15 años y una multa de 15 millones de pesos, derivadas de posibles irregularidades relacionadas con su administración municipal durante el periodo de 2021 a 2024.

El propio Rivera confirmó la sanción mediante una publicación en su cuenta de X. Sin embargo, aseguró que la resolución no es definitiva y anunció que recurrirá a las instancias correspondientes para impugnarla y defender su posición.

El exalcalde también cuestionó el momento en que se dio a conocer la determinación, al relacionarla con el inicio del proceso electoral de 2027. Por su parte, integrantes de la oposición han señalado que la resolución podría tener consecuencias políticas para el panista.

La inhabilitación podría afectar las aspiraciones electorales de Eduardo Rivera, quien eventualmente buscaría contender por otro cargo público. Mientras tanto, el gobierno estatal sostiene que el procedimiento corresponde a las autoridades competentes y que el Ejecutivo no interviene en sus decisiones.