Alejandro Armenta y José Luis García Parra pidieron investigar los contratos del IEE Puebla por 179.1 millones de pesos con empresas relacionadas con una presunta red de corrupción electoral.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, condenaron la presunta red de corrupción relacionada con contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales locales. Ambos funcionarios exigieron revisar las adjudicaciones realizadas por el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla a empresas señaladas en una investigación del Gobierno federal.
Durante sus declaraciones, Armenta respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reconoció el trabajo de Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, por presentar los antecedentes y el funcionamiento de la estructura empresarial investigada.
El mandatario poblano calificó a los involucrados como un grupo que presuntamente se infiltró durante años en las autoridades electorales para obtener beneficios mediante contratos públicos. También señaló que la información presentada durante la conferencia matutina del 5 de noviembre permitió conocer cómo surgió y se extendió esta red de proveedores.
Armenta cuestionó que integrantes de la oposición intenten responsabilizar al gobierno de la Cuarta Transformación por prácticas que, de acuerdo con los antecedentes expuestos por las autoridades federales, comenzaron mucho antes de que este movimiento llegara al poder.
El gobernador sostuvo que las investigaciones deben considerar el origen y la trayectoria de las empresas involucradas, así como las administraciones que autorizaron las contrataciones. También respaldó que las autoridades competentes revisen los posibles actos irregulares y determinen quiénes participaron en ellos.
García Parra exige revisar contratos del IEE Puebla por 179.1 millones de pesos
Por su parte, José Luis García Parra presentó cifras sobre los contratos que el Instituto Electoral del Estado de Puebla otorgó a compañías relacionadas con la presunta red empresarial. De acuerdo con la información que expuso, el organismo electoral poblano adjudicó contratos por un total de 179.1 millones de pesos.
El coordinador del gabinete estatal detalló que 49.4 millones de pesos corresponden al periodo comprendido entre 2014 y 2023. Mientras tanto, otros 129.7 millones de pesos se asignaron durante 2024 y 2025.
Ante estos datos, García Parra solicitó que las autoridades revisen todos los contratos del IEE, sin importar quién encabezaba el organismo cuando se realizaron las adjudicaciones. Consideró necesario comprobar si las empresas cumplieron con los servicios contratados y si los procedimientos respetaron las disposiciones legales.
El funcionario insistió en que la ciudadanía poblana tiene derecho a conocer cómo se utilizaron los recursos públicos y si existieron irregularidades en las contrataciones electorales.
Además, destacó que, de acuerdo con la comparación nacional presentada, el IEE Puebla ocupó el primer lugar entre los organismos incluidos en el análisis de 2024 y 2025, con 129.7 millones de pesos en contratos relacionados con las compañías investigadas.
Raquel Buenrostro revela cómo operaba la presunta red empresarial
La investigación federal que presentó Raquel Buenrostro identificó seis empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Según la funcionaria, estas compañías presuntamente utilizaron mecanismos para simular competencia entre proveedores y conseguir contratos relacionados con la fabricación de materiales y servicios electorales.
Entre las prácticas señaladas se encuentra la participación de empresas relacionadas entre sí en procedimientos de contratación pública. De esta manera, presuntamente aparentaban competir de manera independiente para obtener adjudicaciones de diferentes autoridades electorales.
Buenrostro informó que entre 2014 y 2023 las empresas consiguieron contratos por 2 mil 094 millones de pesos en organismos electorales estatales. Asimismo, reportó otros 646.3 millones de pesos en adjudicaciones correspondientes al periodo de 2024 a 2025, con 15 organismos electorales.
La secretaria explicó que las cifras provienen de los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia y del histórico de CompraNet. Sin embargo, aclaró que los montos podrían modificarse conforme avancen las revisiones y se incorporen nuevos datos sobre las contrataciones.
Puebla exige transparencia rumbo a las elecciones de 2027
Los señalamientos sobre los contratos electorales colocaron al Instituto Electoral del Estado de Puebla bajo atención pública, debido al monto de las adjudicaciones identificadas durante los últimos años.
Ante este panorama, Armenta y García Parra insistieron en que las autoridades deben esclarecer el destino de los recursos y determinar si las empresas señaladas cumplieron con sus obligaciones contractuales.
La exigencia del Gobierno de Puebla se centra en revisar las contrataciones del IEE, transparentar los procedimientos y establecer posibles responsabilidades, independientemente de las administraciones que participaron en cada adjudicación.
Las investigaciones federales y las revisiones correspondientes permitirán conocer si existieron irregularidades en los contratos y qué acciones deberán emprender las autoridades. Mientras tanto, el gobierno estatal mantiene su petición de que el organismo electoral poblano haga pública la información relacionada con las empresas y los recursos asignados.
