La Fiscalía detalló cómo la presunta red consiguió posiciones estratégicas en aduanas y la Marina para facilitar el ingreso, traslado y distribución ilegal de hidrocarburos
La investigación sobre el huachicol fiscal en México tomó un nuevo giro luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) revelara detalles sobre la operación atribuida a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. De acuerdo con la información presentada por la fiscal Ernestina Godoy, ambos habrían construido una estructura de complicidades que les permitió mantener operaciones relacionadas con el comercio ilegal de hidrocarburos.
Según la Fiscalía, la organización no solo buscaba introducir combustible de manera irregular al país. También habría gestionado cargos, movimientos y promociones de personal en áreas estratégicas de aduanas y de la Secretaría de Marina, con el propósito de facilitar sus actividades. Así, la red habría aprovechado posiciones dentro de instituciones clave para reducir controles y mantener el flujo de mercancías.
Además, las autoridades investigan cómo esta estructura permitió importar, trasladar, almacenar y distribuir hidrocarburos mediante una cadena que involucraba a diferentes participantes. Por ello, el caso apunta hacia una operación con diversos niveles de coordinación.
Una red que buscaba controlar puntos estratégicos
Asimismo, la investigación señala que los verificadores de distintas aduanas desempeñaron un papel relevante en el ingreso irregular de combustible mediante buquetanques. Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada aparecen entre los puntos vinculados con las indagatorias, de acuerdo con información retomada en documentos oficiales.
La dimensión del caso también generó cuestionamientos sobre los mecanismos de control dentro de las instituciones encargadas de vigilar las operaciones comerciales y marítimas. Sin embargo, la FGR continúa reuniendo elementos para establecer responsabilidades individuales.
Finalmente, el caso de los hermanos Farías muestra cómo una red dedicada al huachicol fiscal pudo buscar posiciones estratégicas dentro de estructuras gubernamentales. Ahora, las autoridades deberán determinar el alcance de las presuntas complicidades y presentar ante los tribunales las pruebas correspondientes para definir responsabilidades.


