Dos testigos protegidos señalaron al exgobernador de Guerrero como quien habría instruido desaparecer videograbaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas.

El caso Ayotzinapa dio un nuevo vuelco luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) revelara que dos testigos protegidos identificaron al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, como la persona que presuntamente ordenó destruir y ocultar pruebas fundamentales para la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

Durante un informe oficial, la fiscal general Ernestina Godoy explicó que las nuevas investigaciones permitieron reconstruir la cadena de decisiones que derivó en la desaparición de videograbaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Según la FGR, esas imágenes captaron el momento en que policías interceptaron uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas, evidencia que habría resultado determinante para esclarecer los hechos.

Asimismo, la dependencia señaló que los testimonios recabados durante el nuevo modelo de investigación coinciden en que la eliminación de ese material respondió a una instrucción emitida desde el gobierno estatal, lo que fortaleció la solicitud de una orden de aprehensión contra el exmandatario guerrerense. Las autoridades también sostienen que la desaparición de esas grabaciones dificultó el avance de las investigaciones durante varios años.

La investigación abre una nueva etapa en el caso Ayotzinapa

De acuerdo con la FGR, la acusación contra Ángel Aguirre incluye presuntos delitos relacionados con obstrucción de la justicia y desaparición forzada, al considerar que el ocultamiento de evidencia impidió conocer con precisión lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014. Además, la institución aseguró que el reanálisis de las pruebas permitió identificar nuevas responsabilidades.

Por otra parte, las autoridades destacaron que las videograbaciones habían sido reportadas originalmente como inexistentes o inservibles, pero los nuevos testimonios apuntan a que fueron eliminadas de manera deliberada. Este hallazgo representa uno de los avances más relevantes en la investigación reciente del caso.

Mientras tanto, la FGR reiteró que las investigaciones continuarán para esclarecer plenamente los hechos y garantizar el acceso a la justicia para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. El caso, considerado uno de los episodios más graves en materia de derechos humanos en México, permanece abierto y suma una nueva línea de investigación que podría redefinir el rumbo del proceso judicial.