La administración estadounidense pidió a un tribunal de Florida reconocer la inmunidad de la presidenta encargada de Venezuela en una demanda presentada por tres ciudadanos de Estados Unidos que denunciaron torturas durante su detención en Caracas.

La política exterior de Estados Unidos volvió a ocupar los reflectores luego de que la administración del presidente Donald Trump solicitó a un tribunal federal de Florida otorgar inmunidad judicial a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, dentro de una demanda civil que promovieron tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron detenciones arbitrarias y presuntas torturas en ese país.

De acuerdo con el escrito presentado por el Departamento de Justicia, el gobierno estadounidense considera que Delcy Rodríguez goza de inmunidad por desempeñarse como jefa de Estado en funciones, por lo que pidió al juez excluirla del proceso judicial mientras permanezca en el cargo.

Los demandantes Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar José Marval aseguraron que autoridades venezolanas los sometieron a golpizas, descargas eléctricas, aislamiento y otros actos de tortura tras su arresto en 2022. En días recientes, un juez federal de Miami ordenó que otros funcionarios venezolanos paguen 314 millones de dólares como indemnización a las víctimas; sin embargo, el proceso no incluyó a Rodríguez.

El tribunal definirá el futuro del caso

Ahora, el juez federal deberá decidir si acepta la petición de inmunidad presentada por la administración Trump o si permite que la demanda continúe contra Delcy Rodríguez. Mientras tanto, el litigio sigue su curso contra el resto de los funcionarios señalados por los demandantes.

Por su parte, el Departamento de Estado sostuvo que el reconocimiento de la inmunidad responde a principios del derecho internacional y a la política exterior de Estados Unidos, por lo que insistió en que el tribunal considere esa postura antes de emitir una resolución.

El caso representa un nuevo episodio en la compleja relación entre Washington y Caracas. Además, la resolución podría influir en futuros litigios contra funcionarios extranjeros. La decisión del tribunal no modifica las acusaciones contra los demás demandados ni la indemnización que el juez concedió a los tres ciudadanos estadounidenses, pero sí marcará el rumbo del proceso judicial contra la presidenta encargada de Venezuela.