La Fiscalía General de la República confirmó la captura de la exconductora de televisión en Miami, Estados Unidos. Un mensaje oficial reveló los motivos de su detención y reactivó la atención sobre el caso que involucra millones de pesos.
La historia de Inés Gómez Mont dio un giro inesperado luego de que autoridades estadounidenses la detuvieran el viernes 30 de octubre en Miami, Florida, después de permanecer casi cinco años fuera del alcance de la justicia mexicana.
La noticia tomó fuerza cuando la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó su aseguramiento mediante un mensaje en redes sociales, donde explicó que la operación surgió del intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos.
En su comunicado, la dependencia señaló que la exconductora cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.
Además, la captura reavivó las investigaciones que comenzaron en 2021 y que también involucran a su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.
INVESTIGACIÓN MILLONARIA Y POSIBLES DELITOS MARCAN EL CASO
De acuerdo con la FGR, la pareja presuntamente participó en un esquema de desvío de recursos públicos y operaciones con dinero de procedencia ilícita mediante empresas que habrían simulado actividades comerciales.
Las investigaciones contemplan contratos federales por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, relacionados con servicios de seguridad y vigilancia en centros penitenciarios durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Asimismo, las autoridades investigan posibles delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero.
Por otra parte, el caso tomó un nuevo rumbo en septiembre de 2026, cuando Interpol retiró las fichas rojas de búsqueda internacional contra Gómez Mont y su esposo. Sin embargo, esa decisión no eliminó las órdenes judiciales mexicanas.
Finalmente, la situación jurídica de la exconductora dependerá de los procedimientos que determinen las autoridades estadounidenses y mexicanas, incluida una posible solicitud de extradición.
Mientras tanto, el caso vuelve a colocar bajo los reflectores una investigación que lleva cinco años sin resolverse.
