El Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla impuso una multa de 15 millones de pesos e inhabilitó por 15 años a Eduardo Rivera Pérez. El exalcalde anunció que impugnará la resolución.

El ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, recibió una multa de 15 millones de pesos y una inhabilitación por 15 años para ocupar cargos públicos, luego de una resolución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla (TJA). Ante esta determinación, el exalcalde respondió públicamente y adelantó que recurrirá a las instancias correspondientes para combatir la sanción.

La resolución trascendió a un día del inicio del proceso electoral de 2027, situación que Rivera Pérez consideró relevante por el contexto político en el que se dio a conocer. A través de sus redes sociales, el panista publicó un comunicado titulado “La verdad es la mejor defensa”, en el que rechazó los señalamientos y defendió su actuación durante el periodo en que encabezó el Ayuntamiento de Puebla.

En su posicionamiento, el exedil precisó que recibió una resolución que todavía no tiene carácter definitivo. Asimismo, sostuvo que su administración trabajó con estricto apego a la legalidad y negó haber incurrido en las conductas que le atribuyen las autoridades administrativas.

Rivera Pérez señaló que el procedimiento lo responsabiliza de un supuesto abuso de funciones que, desde su perspectiva, no quedó acreditado. También aseguró que no existe una acción que pueda atribuirse directamente a su persona y destacó que la resolución no lo acusa de un presunto manejo irregular de recursos públicos.

El panista consideró que la sanción busca imponerle consecuencias económicas y administrativas de manera injusta. Por ello, anunció que impugnará la determinación ante las autoridades competentes. Con el propósito de defender sus derechos y solicitar que el procedimiento se resuelva conforme a la legislación vigente.

Otro de los puntos que destacó en su comunicado fue la fecha en que se conoció la resolución. El exalcalde expresó preocupación por la coincidencia entre la sanción y el comienzo del proceso electoral de 2027. Por lo que cuestionó las posibles implicaciones políticas de esta determinación.

Además, relacionó el caso con las actuaciones que realizó la Contraloría Municipal durante mayo. Al considerar que ambos episodios forman parte de una serie de acciones en su contra. Sin embargo, reiteró que atenderá los señalamientos mediante pruebas y que exigirá un procedimiento imparcial.

Finalmente, Eduardo Rivera Pérez aseguró que defenderá su nombre, honor y derechos hasta las últimas consecuencias. Con esta postura, el ex presidente municipal anticipó que llevará el caso por las vías legales disponibles. Mientras la resolución administrativa permanece sujeta a los mecanismos de impugnación correspondientes.