Profeco colocó sellos de suspensión en las oficinas de Grupo Proyecta, en Lomas de Angelópolis, tras detectar falta de información comercial y ausencia de un contrato de adhesión registrado.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aplicó una medida precautoria contra Grupo Proyecta, inmobiliaria propiedad de los hermanos Posada, luego de detectar presuntas irregularidades en sus prácticas comerciales. La dependencia suspendió la comercialización de bienes, productos y servicios de la empresa tras identificar deficiencias en la información que proporciona a sus clientes y la falta de un contrato de adhesión registrado.

La inspección ocurrió el 29 de octubre de 2026 en las oficinas de la inmobiliaria, ubicadas en Paseo Ópera número 4, piso 3, interior 303, en Lomas de Angelópolis, municipio de San Andrés Cholula. Durante la visita, los verificadores colocaron sellos para impedir la comercialización, como parte de una medida de protección a los consumidores.

De acuerdo con la Oficina de Defensa del Consumidor Zona General Ignacio Zaragoza, la revisión respondió a denuncias ciudadanas contra el proveedor identificado como Grupo Proyecta y/o Inmobiliaria Liguria, S.A. de C.V. Durante la diligencia, el personal detectó que la compañía no proporcionaba información suficiente sobre los términos y condiciones para adquirir bienes inmuebles.

Inmobiliaria carecía de contrato registrado ante Profeco

Entre las observaciones de la autoridad también destacó que Grupo Proyecta no contaba con un contrato de adhesión registrado ante Profeco. Estas irregularidades podrían representar incumplimientos a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SE-2021, que establece disposiciones sobre información y prácticas comerciales en la compraventa de viviendas.

Con esta intervención, la dependencia busca garantizar que las personas reciban información clara, veraz y suficiente antes de comprometer sus recursos en una operación inmobiliaria. Sin embargo, Profeco todavía no ha precisado cuántas denuncias originaron la inspección ni qué desarrollos específicos están relacionados con la suspensión.

Tampoco se ha informado si la medida comprende todas las actividades comerciales de la empresa o únicamente determinadas operaciones. Hasta el momento, la información proporcionada no incluye una postura de Grupo Proyecta sobre las observaciones realizadas por los verificadores.

Conflicto por terrenos en La Cantera, Ocoyucan

La suspensión administrativa se suma a las controversias que la inmobiliaria ha enfrentado en la zona metropolitana de Puebla. Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en La Cantera, comunidad de Santa Clara Ocoyucan, donde habitantes denunciaron presuntas presiones para abandonar terrenos cuya situación jurídica se encontraba en disputa.

Durante abril y mayo de 2025, pobladores reportaron el ingreso de personal de la empresa con maquinaria pesada a predios donde había viviendas. Los habitantes expresaron preocupación por posibles derribos y rechazaron los intentos de tomar posesión de terrenos que, aseguraron, tenían documentos para acreditar sus derechos.

En respuesta, un representante de Grupo Proyecta sostuvo que la empresa reclamaría los predios que no contaran con minuta de compraventa y planteó la necesidad de acreditar el dominio pleno de las fracciones ejidales. Los pobladores, por su parte, denunciaron presiones para reubicarse y solicitaron la intervención de las autoridades estatales.

El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que la Consejería Jurídica revisaba los casos que los habitantes habían presentado ante el Gobierno estatal.

Compradores de Residencial Nubia denunciaron incumplimientos

Otro antecedente involucra a Residencial Nubia, donde compradores y residentes señalaron problemas relacionados con la entrega de escrituras y la infraestructura del desarrollo. En junio de 2025, algunos afectados afirmaron que habían pasado cinco años desde el inicio de la preventa sin recibir los documentos que acreditaran legalmente la propiedad de sus terrenos.

De acuerdo con sus testimonios, la inmobiliaria comercializó terrenos con precios de entre 15 mil y 20 mil pesos por metro cuadrado. Además de los retrasos en las escrituras, los residentes reportaron deficiencias en el suministro de agua potable, drenaje, alumbrado público y seguridad.

También señalaron que la empresa no había concluido la casa club y denunciaron inundaciones en viviendas del clúster Amara, daños en bardas perimetrales y posibles descargas de aguas residuales en un río cercano. Estas inconformidades se sumaron a los cuestionamientos sobre las condiciones con las que se promocionó el desarrollo residencial.

Armenta cuestionó operaciones con terrenos ejidales

En noviembre de 2025, el gobernador Alejandro Armenta también cuestionó las operaciones de algunos grupos inmobiliarios en la zona metropolitana de Puebla. El mandatario señaló presuntas prácticas mediante las cuales empresas compraban terrenos ejidales a precios bajos para después comercializarlos en dólares.

En ese contexto, recordó que rechazó donar dos predios para construir viviendas destinadas a policías, bomberos y personal de Protección Civil. Sus declaraciones se incorporaron al debate sobre la adquisición y comercialización de tierras en municipios cercanos a la capital poblana.

La suspensión de Profeco representa una medida administrativa contra Grupo Proyecta por las irregularidades detectadas durante la verificación, pero no constituye una sentencia judicial ni determina responsabilidad penal. La empresa deberá atender el procedimiento correspondiente y las observaciones de la autoridad federal.