A casi 21 años de la detención de la periodista, el exmandatario poblano rechaza las acusaciones mientras la justicia se prepara para resolver uno de los casos más emblemáticos de libertad de expresión en México.
La periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho confrontó al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, durante una audiencia judicial celebrada este jueves 29 de octubre de 2026, en la que exigió justicia por la detención ilegal y tortura que denunció en diciembre de 2005.
Durante la diligencia virtual, Cacho responsabilizó al exmandatario de utilizar el aparato estatal para castigarla por las investigaciones que publicó en su libro Los demonios del Edén, obra que documentó una presunta red de explotación sexual infantil con posibles vínculos empresariales y políticos.
Por su parte, Marín negó que existan pruebas contundentes de que ordenara la detención y las agresiones contra la comunicadora. Además, sostuvo que nunca mencionó directamente el nombre de Cacho en las conversaciones telefónicas que protagonizó con el empresario Kamel Nacif, las cuales generaron una fuerte polémica en 2006.
Cacho exige justicia tras dos décadas de lucha
La periodista reiteró que su caso trasciende su experiencia personal, pues también representa una exigencia de justicia para las víctimas de tortura y quienes enfrentan represalias por ejercer el periodismo.
Una resolución que marcará un precedente
Asimismo, Cacho solicitó la máxima sanción contra Marín y una reparación integral del daño, incluida una disculpa pública por los hechos que denuncia desde hace más de dos décadas.
El proceso judicial ha enfrentado diversos obstáculos. De hecho, las autoridades aplazaron la audiencia prevista para el 20 de octubre debido a problemas técnicos en la plataforma virtual del Poder Judicial.
Finalmente, la jueza María José Pech Sáenz informó que emitirá una resolución cuando concluya el análisis del expediente y los argumentos presentados por ambas partes.
El caso mantiene la atención pública por sus implicaciones para la libertad de expresión y el acceso a la justicia en México.
