Un reporte periodístico señala a Pablo Samuel M. F. como presunto organizador y financiador de los bloqueos registrados en ocho vialidades de la zona metropolitana; las autoridades investigan quiénes estuvieron detrás de las movilizaciones.
La capital poblana enfrenta nuevos cuestionamientos en materia de seguridad luego de los bloqueos registrados en ocho puntos de la zona metropolitana, movilizaciones que presuntamente responderían a intereses de grupos delictivos. De acuerdo con una investigación publicada por Diario CAMBIO, integrantes de la organización criminal conocida como Los Toscano y un abogado identificado como Pablo Samuel M. F. estarían detrás de la operación.
Según el reporte, el litigante habría coordinado y financiado las protestas por instrucciones de presuntos integrantes de esta organización, con el objetivo de generar conflictos con otros grupos criminales que mantienen disputas por el control de actividades ilícitas dentro del penal de San Miguel.
Además, las movilizaciones habrían utilizado a personas encapuchadas y presuntamente armadas que se presentaron como familiares de personas privadas de la libertad. El medio señala que algunos participantes recibieron pagos superiores a 400 pesos por intervenir en los cierres.
Bloqueos, presuntos pagos y disputa por el control del penal
Por otra parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó que las autoridades detectaron una presunta organización detrás de las movilizaciones. Durante declaraciones a medios, sostuvo que los participantes actuaron de manera coordinada y abandonaron los bloqueos después de aproximadamente dos horas.
Asimismo, el mandatario anunció una revisión profunda del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, con apoyo de la Marina, Defensa, Guardia Nacional y áreas de inteligencia.
Las protestas también incluyeron denuncias sobre presuntas extorsiones, cobros ilegales y privilegios dentro del centro penitenciario, además de exigir la destitución de su director, Jorge Ortiz Delgadillo.
Sin embargo, los señalamientos contra Pablo Samuel M. F. y sus presuntos vínculos con Los Toscano todavía requieren confirmación oficial. Hasta ahora, las autoridades no han presentado públicamente pruebas que acrediten su responsabilidad.
El caso abre nuevas interrogantes sobre la influencia del crimen organizado en Puebla y la seguridad de sus instituciones penitenciarias.


