El gobernador presentó imágenes de un hombre armado durante los bloqueos relacionados con el penal de San Miguel; además, señaló que algunos participantes habrían recibido 400 pesos por mantener cerradas las vialidades durante dos horas.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, exhibió imágenes de un hombre encapuchado que presuntamente portaba un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército durante las protestas registradas el martes 10 de noviembre en distintos puntos de la zona metropolitana.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario mostró fotografías y videos para respaldar sus señalamientos sobre la presencia de personas armadas entre quienes participaron en los bloqueos. Asimismo, aseguró que las movilizaciones no respondieron únicamente a las inconformidades de los familiares de internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.

Armenta explicó que, según información proporcionada por la Secretaría de Gobernación estatal, algunos participantes habrían recibido 400 pesos por permanecer dos horas en los cierres viales. Por ello, pidió investigar quién organizó y financió estas acciones.

Además, cuestionó que los manifestantes rechazaran las mesas de diálogo que ofrecieron las autoridades y abandonaran las vialidades después del tiempo señalado.

Anuncian revisión del penal y traslado de internos peligrosos

Por otra parte, las protestas surgieron por denuncias de familiares de personas privadas de la libertad, quienes exigieron la destitución del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, ante presuntas extorsiones, amenazas y cobros ilegales dentro del reclusorio.

Ante este escenario, Armenta anunció una revisión integral del penal de San Miguel, con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y autoridades de inteligencia federal.

Asimismo, informó que las autoridades analizarán el traslado de dos internos considerados de alta peligrosidad hacia otros centros penitenciarios.

Finalmente, el gobernador aseguró que su administración investigará tanto las denuncias sobre irregularidades penitenciarias como la posible intervención de grupos armados en las movilizaciones.

Las autoridades deberán esclarecer quién portaba el arma, quién organizó los bloqueos y si existió financiamiento criminal detrás de las protestas.