El exalcalde de Puebla acusó persecución política mientras crecen las dudas sobre el nombramiento de un mando policial relacionado con redes criminales

La polémica volvió a colocar al panista Eduardo Rivera Pérez en el centro del debate político en Puebla. Después de que autoridades federales y estatales iniciaran investigaciones sobre el nombramiento de un mando policial presuntamente vinculado con redes de huachicol, el exalcalde aseguró que enfrenta una campaña de persecución política. Sin embargo, el caso ya provocó cuestionamientos sobre los filtros de seguridad aplicados durante su administración municipal.

El conflicto surgió tras las indagatorias relacionadas con Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Ciudadana de Puebla, quien actualmente enfrenta señalamientos por posibles nexos con grupos dedicados al robo de combustible. A partir de ello, opositores y actores políticos exigieron explicaciones sobre el proceso mediante el cual Rivera Pérez avaló su incorporación al gobierno municipal.

En respuesta, el excandidato a la gubernatura afirmó que las investigaciones buscan afectar su imagen pública y frenar su futuro político. Además, defendió el desempeño de su administración y sostuvo que nunca recibió información oficial que relacionara a funcionarios de seguridad con actividades ilícitas. Mientras tanto, el tema ya domina la conversación política en Puebla rumbo a los próximos procesos electorales.

Seguridad pública y presión política

El caso también abrió un debate sobre los mecanismos de control dentro de las corporaciones policiales. Diversos especialistas señalaron que los gobiernos municipales deben reforzar la revisión de perfiles para evitar infiltraciones del crimen organizado en áreas estratégicas de seguridad.

Por otra parte, críticos de Rivera Pérez recordaron que Puebla enfrenta desde hace años problemas relacionados con bandas dedicadas al robo de hidrocarburos. Por ello, organizaciones civiles pidieron investigaciones transparentes y deslindes claros sobre cualquier posible vínculo entre funcionarios públicos y redes criminales.

Mientras avanzan las investigaciones, el nombre de Lalo Rivera permanece bajo fuerte presión mediática y política. El caso no solo impacta su imagen pública; también reabre el debate sobre la relación entre seguridad, poder y crimen organizado en Puebla.