La directiva asegura que no ha recibido una notificación judicial y sostiene que el equipo mantiene sus operaciones deportivas, administrativas y financieras con normalidad.

El conflicto entre Club Puebla y Ricardo Henaine escaló nuevamente luego de que trascendiera una medida cautelar relacionada con el aseguramiento de cuentas bancarias, inversiones y otros activos financieros de Operadora de Escenarios Deportivos S.A. de C.V., empresa encargada de la operación jurídica y administrativa del conjunto poblano.

De acuerdo con reportes sobre el expediente 611/2026, un juzgado de Puebla autorizó medidas cautelares hasta por 223.6 millones de pesos, cantidad que Henaine reclama dentro de la disputa legal. Sin embargo, esta cifra representa el límite de la medida y no significa que el club tenga ese monto congelado en sus cuentas.

Ante esta situación, la directiva enfranjada difundió un comunicado en el que aseguró que hasta el momento no ha recibido una notificación sobre supuestos ordenamientos judiciales. Aun así, señaló que atiende el procedimiento y prepara su defensa jurídica.

Además, el club lanzó fuertes acusaciones contra su expropietario.

El Puebla responde y defiende sus derechos de marca

La institución afirmó que Henaine ha utilizado distintas estrategias para obtener un beneficio personal relacionado con derechos que, según la postura del equipo, no le corresponden. Incluso, el Club Puebla aseguró que esas acciones han llegado a “niveles de extorsión”, una acusación que forma parte de su posicionamiento público y que no equivale a una determinación judicial.

Asimismo, el equipo destacó que ha conseguido 19 resoluciones favorables ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), relacionadas con registros de marca que atribuye a Henaine.

Por otra parte, la directiva insistió en que el procedimiento legal no ha detenido sus actividades. El Club Puebla aseguró que sus áreas deportivas, administrativas y financieras funcionan con normalidad mientras continúa la disputa.

Así, el enfrentamiento permanece abierto en los tribunales, mientras ambas partes mantienen posiciones distintas sobre los derechos de marca y las obligaciones económicas que originaron el conflicto.