El Congreso de Puebla analiza un mecanismo legal para proteger a estudiantes ante el reclutamiento de menores por el crimen organizado en la Mixteca y la Sierra Norte, sin vulnerar sus derechos humanos.

El Congreso del Estado de Puebla analiza una estrategia jurídica para reforzar la seguridad en los planteles educativos, luego de que autoridades estatales advirtieran sobre el presunto reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos del crimen organizado en municipios de la Mixteca y la Sierra Norte.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Gaspar Hernández Jiménez, las investigaciones apuntan a que a menores de apenas 10 años los estarían utilizando para introducir, vender e incluso consumir drogas dentro y en los alrededores de algunas escuelas.

El legislador dio a conocer esta información después de sostener una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González. Donde se abordó la necesidad de fortalecer las acciones de prevención en los centros educativos. Gaspar Hernández explicó que el Congreso trabaja en una iniciativa que permita a las autoridades intervenir cuando existan riesgos para los estudiantes, sin vulnerar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Aunque a la propuesta la han comparado con la “Ley Mochila”, aclaró que no se pretende replicar ese modelo. Sino diseñar un mecanismo propio para Puebla que otorgue certeza jurídica a las acciones preventivas dentro de las escuelas. Señaló que la iniciativa aún se encuentra en proceso de elaboración. Y se presentará una vez que concluya el análisis técnico con diversas instituciones estatales y organismos especializados.

Según la información compartida por la Secretaría de Seguridad, el fenómeno se detectó principalmente en municipios ubicados en la Sierra Norte y la Mixteca poblana. Hernández Jiménez indicó que las investigaciones señalan que algunos menores presuntamente ocultan pequeñas bolsas con droga entre su ropa para introducirlas a los planteles educativos. Y, posteriormente venderlas entre otros estudiantes, situación que ha encendido las alertas de las autoridades.

Como parte de su explicación, el legislador mencionó que municipios como Ahuacatlán y Pahuatlán forman parte de las zonas donde se han identificado estos casos. Aunque precisó que la SSP cuenta con un diagnóstico más amplio sobre las regiones donde opera esta modalidad. Asimismo, enfatizó que el objetivo principal es proteger la integridad física y emocional de los estudiantes, privilegiando siempre el interés superior de la niñez.

El presidente del Congreso reiteró que cualquier reforma deberá respetar plenamente el marco constitucional y los derechos humanos. Por lo que anunció que en la elaboración de la propuesta participarán diversas instituciones. Entre ellas la CDH, la SEP, la SSP y la Secretaría de Deporte y Juventud, además de otros organismos relacionados con la protección de menores.

Además de las modificaciones legales, las autoridades estatales impulsarán acciones preventivas en distintas regiones de Puebla. Incluyendo foros, ferias de seguridad y actividades que buscan informar a estudiantes, padres de familia y docentes sobre los riesgos del reclutamiento de grupos delictivos. Estas actividades se realizarán en coordinación con legisladores y dependencias estatales.

Finalmente, Gaspar Hernández subrayó que el combate al consumo y venta de drogas entre menores no debe limitarse únicamente a medidas de vigilancia. Sino que también requiere fortalecer programas deportivos, culturales, educativos y de prevención social que ofrezcan alternativas de desarrollo a niñas, niños y adolescentes.

El legislador sostuvo que la combinación de acciones legales, prevención y participación comunitaria son fundamentales para reducir la influencia del crimen organizado en el entorno escolar y garantizar espacios seguros para la comunidad educativa en Puebla.