Al menos 30 establecimientos exigen al Registro Civil eliminar restricciones, agilizar documentos y garantizar atención durante fines de semana, pues los retrasos complican entierros, cremaciones y traslados de cuerpos.
La burocracia en Puebla llegó hasta uno de los momentos más difíciles para las familias: despedir a un ser querido. Representantes de aproximadamente 30 funerarias se manifestaron este miércoles 11 de noviembre frente al Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis para denunciar presuntas irregularidades y obstáculos en los trámites de actas de defunción.
Los inconformes señalaron principalmente al Juzgado Tercero del Registro Civil, donde, según sus testimonios, el personal limita a dos los registros diarios por establecimiento funerario. Esta situación genera retrasos cuando una agencia atiende tres o más servicios en una misma jornada.
Además, los trabajadores denunciaron falta de formatos, fallas en el sistema y negativas de atención durante fines de semana. Incluso, explicaron que algunos juzgados cuentan con aproximadamente 200 formatos mensuales, cantidad que consideran insuficiente para cubrir la demanda.
Por ello, solicitaron la intervención de las autoridades estatales para garantizar un servicio eficiente y evitar que las familias enfrenten más complicaciones durante su duelo.
Sin actas, familias no pueden sepultar ni trasladar a sus seres queridos
El problema va más allá de las afectaciones económicas para las funerarias. Sin el acta de defunción y los permisos correspondientes, las familias enfrentan dificultades para realizar inhumaciones, cremaciones y traslados de cuerpos a otras entidades.
Asimismo, los representantes explicaron que cuentan con un plazo de 48 horas después de recibir el certificado médico de defunción para gestionar el documento ante el Registro Civil, lo que aumenta la presión cuando las oficinas presentan fallas.
Ante las inconformidades, autoridades de la Secretaría de Gobernación estatal sostuvieron un primer encuentro con representantes del sector.
Finalmente, acordaron una nueva mesa de trabajo para el 18 de noviembre en Casa Aguayo, donde revisarán las peticiones y establecerán medidas para mejorar los procedimientos.
El Gobierno estatal también anunció que investigará las posibles irregularidades administrativas señaladas por los inconformes.
