Revelan red de corrupción de los hermanos Hernández Casillas en contratos electorales del INE

El Gobierno de México reveló cómo operaba la red empresarial de los hermanos Hernández Casillas, vinculada con contratos electorales por miles de millones de pesos.

El Gobierno de México dio a conocer detalles de una presunta red de corrupción encabezada por los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, relacionada con la obtención de contratos millonarios para fabricar materiales electorales destinados al Instituto Nacional Electoral (INE) y a organismos electorales estatales.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó los resultados de las investigaciones sobre el funcionamiento de este grupo empresarial. La funcionaria explicó que las compañías vinculadas con los hermanos Hernández Casillas habrían utilizado diferentes mecanismos para conseguir adjudicaciones públicas y concentrar contratos por miles de millones de pesos.

Buenrostro detalló que ambos hermanos trabajaron en el Gobierno federal durante la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Primero ocuparon puestos en el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) y posteriormente laboraron en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Años después, los hermanos constituyeron y diversificaron distintas empresas. Entre 2012 y 2013 comenzaron a conseguir contratos con organismos electorales locales de entidades como Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.

Empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos millonarios

La secretaria Anticorrupción señaló que, después de la reforma electoral de 2014, la falta de supervisión y de reglas claras para las contrataciones permitió que esta red empresarial ampliara sus operaciones.

De acuerdo con los datos presentados, entre 2015 y 2023, 22 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) asignaron contratos por 2 mil 094 millones de pesos a empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.

La funcionaria agregó que el grupo empresarial también consiguió adjudicaciones durante los años recientes. Entre 2024 y 2025, las compañías obtuvieron contratos por otros 646.3 millones de pesos con 15 organismos electorales locales del país.

Entre las empresas señaladas aparecen Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas. Buenrostro informó que tres de estas compañías cuentan con denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La investigación también identificó la participación de diferentes socios, representantes legales y apoderados dentro de estas compañías. Según la información presentada, algunos integrantes de la familia de los Hernández Casillas, como hermanos, hijos y esposas, aparecen relacionados con la estructura empresarial.

Así operaba el presunto esquema de empresas fachada

Durante su exposición, Raquel Buenrostro explicó que las investigaciones identificaron un posible mecanismo para simular competencia en los procedimientos de contratación pública. Las compañías presuntamente utilizaban una red de empresas para participar en licitaciones y aparentar que existían diferentes proveedores interesados en obtener los contratos.

Sin embargo, algunas de estas empresas supuestamente carecían de infraestructura, personal en nómina y capacidad operativa para cumplir con los servicios que ofrecían. A pesar de esas limitaciones, conseguían adjudicaciones de autoridades electorales y otras instituciones públicas.

Otro mecanismo señalado consiste en utilizar presuntos prestanombres o identidades robadas para ocultar quiénes son los beneficiarios reales de las empresas. Entre los casos mencionados por Buenrostro aparecen personas de 96 años y jóvenes de apenas 18 años.

La secretaria explicó que estas prácticas presentan características asociadas con empresas factureras y posibles operaciones de lavado de dinero. No obstante, las autoridades deberán profundizar las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Gobierno federal anuncia investigaciones sobre la red electoral

Ante los señalamientos, Buenrostro explicó que diferentes dependencias federales deberán intervenir para esclarecer las posibles irregularidades. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá que revisar la asignación y administración de los contratos públicos.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda deberá investigar posibles operaciones de lavado de dinero, movimientos financieros irregulares y vínculos con empresas factureras. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República deberá investigar los posibles delitos y determinar si existen elementos para ejercer acciones penales contra los responsables.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también participará mediante acciones preventivas para evitar que este tipo de esquemas se reproduzcan dentro de la administración pública federal.

Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum sostuvo que la presunta red no surgió recientemente, sino que tendría antecedentes de al menos 27 años. La mandataria señaló que los hermanos Hernández Casillas aparecen como figuras centrales en la conformación del grupo de empresas relacionadas con las contrataciones electorales.

Sheinbaum también mencionó a Juan Carlos Padilla Aguilar, quien habría sido director del Renapo y posteriormente secretario general del CISEN, como una persona vinculada con la trayectoria de los hermanos durante aquella administración.

La presidenta aclaró que las investigaciones no deben limitarse a una sola administración del INE ni atribuir responsabilidades sin pruebas. También señaló que, hasta el momento de sus declaraciones, no se había encontrado evidencia que relacionara directamente a esta red con algún grupo delictivo.

Finalmente, Sheinbaum consideró necesario fortalecer la transparencia en las contrataciones del INE y de los organismos electorales estatales. El objetivo, explicó, consiste en establecer reglas claras y mecanismos de supervisión que permitan garantizar procesos de contratación transparentes rumbo a las elecciones de 2027.

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Melisa Carillo

Estudió Comunicación en la BUAP, ha trabajado en medios como Alcance Diario y Diario Cambio

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