Una mujer fue declarada culpable en Chile por ocultar durante 11 años el cadáver de su madre y cobrar ilegalmente su pensión mediante documentos falsificados.

La justicia de Chile declaró culpable a Ketty Castro Cáceres, una mujer que mantuvo durante aproximadamente 11 años el cadáver momificado de su madre dentro de una vivienda en Curicó, en la Región del Maule. De acuerdo con las investigaciones, Castro ocultó el cuerpo mientras continuaba cobrando la pensión de la fallecida y utilizaba documentos falsificados para realizar los trámites correspondientes.

El tribunal acreditó la responsabilidad de la mujer por los delitos de estafa, falsificación y uso malicioso de instrumento público. La Fiscalía sostuvo que Castro utilizó la huella dactilar de su madre en distintos documentos para aparentar que la mujer fallecida autorizaba a su hija a cobrar su jubilación. Con este mecanismo, la acusada obtuvo alrededor de 26 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos 27 mil dólares.

Las autoridades establecieron que las irregularidades ocurrieron durante varios años. Entre 2013 y 2017, Castro habría cobrado de manera indebida la pensión de su madre. Además de utilizar documentos falsificados para obtener otras prestaciones económicas del Estado durante la pandemia de 2021. Las investigaciones permitieron reconstruir la forma en que la mujer mantuvo oculto el fallecimiento.

El caso comenzó a salir a la luz después de que, en 2021, el hijo de Castro denunció la desaparición de su abuela. A quien había visto por última vez en 2010. La mujer, quien padecía cáncer, tenía entonces una edad avanzada. A partir de esa denuncia, la Policía de Investigaciones de Chile inició las diligencias para determinar qué había ocurrido con ella. Y revisar los movimientos relacionados con su pensión.

La Brigada de Homicidios logró establecer que la mujer llevaba aproximadamente una década muerta cuando localizaron sus restos en 2021. Los peritajes también descartaron lesiones que permitieran atribuir su muerte a terceras personas. Según las investigaciones, su fallecimiento habría ocurrido alrededor de 2011, aunque Castro continuó realizando gestiones relacionadas con la pensión.

La defensa de la acusada intentó acreditar una posible inimputabilidad por enajenación mental, pero los peritajes psicológicos descartaron esa condición. Este planteamiento provocó que el proceso permaneciera suspendido durante casi un año. Antes de que el tribunal retomara el juicio y analizara las pruebas presentadas por la Fiscalía.

El fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, informó que el tribunal dará a conocer las penas correspondientes el próximo 25 de septiembre, después de realizar la lectura de la sentencia. Hasta entonces, el caso permanece centrado en los delitos económicos y documentales acreditados durante el proceso judicial.