La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa de Ley General para homologar el delito de feminicidio, establecer penas de 50 a 70 años de prisión y garantizar investigaciones con perspectiva de género y cero impunidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Congreso una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. Con el propósito de homologar la tipificación de este delito en todo el país y establecer sanciones de entre 50 y 70 años de prisión. La propuesta busca unificar los criterios de actuación de las fiscalías estatales, fortalecer las investigaciones con perspectiva de género y reducir la impunidad en los casos de violencia feminicida.

Durante la presentación de la iniciativa, la mandataria explicó que la nueva legislación pretende evitar que los feminicidios se clasifiquen erróneamente como suicidios u otros delitos. Además de garantizar que todas las autoridades ministeriales investiguen bajo los mismos protocolos. Sheinbaum señaló que, aunque el delito registra una disminución del 36% respecto a 2021, el objetivo de su administración es que no exista un solo feminicidio en México.

“Esta ley garantiza que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio y que realmente tengamos cero impunidad frente a estos crímenes”, sostuvo la titular del Ejecutivo federal.

Asimismo, destacó que como la primera mujer en ocupar la Presidencia ha impulsado reformas para fortalecer la igualdad sustantiva, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la reducción de la desigualdad.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la iniciativa homologa el tipo penal de feminicidio al establecer de manera expresa que comete este delito quien prive de la vida a una mujer por razones de género. La propuesta contempla 10 razones de género que deberán considerarse durante las investigaciones. Entre ellas la existencia de violencia sexual, antecedentes de agresiones contra la víctima. Actos motivados por estereotipos o prejuicios y contextos de desigualdad o asimetría de poder.

La iniciativa para homologar el feminicidio en México

La iniciativa también incorpora 19 agravantes que permitirán aumentar la pena hasta en una mitad, por lo que las condenas podrían alcanzar 70 años de prisión. Entre estas circunstancias se encuentran que la víctima esté embarazada, viva con alguna discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante. Así como que el feminicidio sea cometido por una persona servidora pública o que existan actos de violencia extrema, como ataques con ácido o sustancias inflamables.

Además de las sanciones, la propuesta establece consecuencias jurídicas adicionales para los responsables. Como la pérdida de derechos sucesorios, patria potestad, tutela, guarda y custodia de menores. También prevé la destitución e inhabilitación de servidores públicos involucrados en estos delitos.

La iniciativa prohíbe las excusas absolutorias y las atenuantes, además de establecer que el delito, la sanción y la reparación del daño sean imprescriptibles. Por lo que no podrán extinguirse con el paso del tiempo ni acceder a beneficios como amnistías, conmutación de penas o criterios de oportunidad.

Lineamientos para la investigación de feminicidio

Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, destacó que la propuesta obliga a investigar cada caso con debida diligencia y perspectiva de género, preservando adecuadamente los indicios y fortaleciendo la coordinación entre instituciones.

Asimismo, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, explicó que la ley reconoce y amplía los derechos de las víctimas y sobrevivientes. Garantizando atención médica y psicológica, asistencia jurídica gratuita, acceso a la verdad y la justicia, servicios de traducción, apoyo a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad y una entrega digna de los cuerpos de las víctimas.

Con esta iniciativa, el Gobierno de México busca fortalecer el combate al feminicidio mediante un marco jurídico uniforme en todo el país. Que permita mejorar las investigaciones, endurecer las sanciones y garantizar una atención integral a las víctimas y sus familias. La propuesta será analizada y discutida por el Congreso de la Unión en las próximas semanas.