Patricia Acosta y su hija Katia Jáuregui, integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fueron asesinadas a balazos en Guanajuato mientras viajaban en motocicleta.

La violencia contra madres buscadoras volvió a estremecer a Guanajuato tras el asesinato de Patricia Acosta y su hija Katia Jáuregui, integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. A ambas mujeres las atacaron a balazos mientras circulaban en motocicleta por la colonia 18 de Marzo, en el municipio de Salamanca.

De acuerdo con los primeros reportes, madre e hija viajaban sobre las calles Durango y Estado de México minutos antes de las 2 de la tarde del sábado. Cuando hombres armados las interceptaron y comenzaron a dispararles. Vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia tras escuchar las detonaciones. Sin embargo, cuando paramédicos y autoridades arribaron al sitio, ambas mujeres ya no contaban con signos vitales.

Patricia Acosta y Katia Jáuregui se integraron al colectivo de búsqueda a principios de 2024, luego de la desaparición de Miguel Ángel Jáuregui Acosta, hijo de Patricia y hermano de Katia. Aunque lograron localizarlo sin vida el 8 de marzo de ese mismo año, las dos mujeres continuaron participando activamente en labores de búsqueda. Además de acompañamiento a otras familias con personas desaparecidas.

El crimen ocurrió horas antes de que integrantes del colectivo realizaran una protesta frente a la presidencia municipal de Salamanca. Para recordar que miles de madres en México viven el 10 de mayo entre la incertidumbre y el dolor por la desaparición de sus hijos. Tras el asesinato, varias integrantes decidieron no acudir a la movilización por temor a sufrir nuevas agresiones.

Ana Lilia Tapia, compañera de Patricia y Katia dentro del colectivo, expresó que el ataque provocó miedo entre las familias buscadoras. Y denunció que incluso habían recibido recomendaciones para suspender la marcha con motivo del Día de las Madres. La activista aseguró que la situación refleja el nivel de riesgo que enfrentan quienes participan en labores de búsqueda en distintas regiones del país.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que ambas víctimas pertenecían a un colectivo de búsqueda. Y señaló que la investigación se realiza con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Además, informó que agentes ministeriales, peritos y personal de investigación trabajan en labores de campo y análisis para identificar y detener a los responsables.

Tras los hechos, organizaciones como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México emitieron un pronunciamiento para exigir justicia y protección inmediata para las familias buscadoras. Mientras tanto, el colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos reiteró su exigencia de justicia por otros casos recientes, como el asesinato de Cecilia García y la desaparición de Lorenza Cano.