Padres denuncian presuntos abusos en el preescolar Carrusel Magone en Romero Vargas tras descubrir un “cuarto oscuro”; SEP ya investiga el caso.
Un caso que ha generado indignación en Puebla involucra al preescolar Carrusel Magone, ubicado en la junta auxiliar de Romero Vargas, donde padres de familia denunciaron el hallazgo de un supuesto “cuarto oscuro” dentro de las instalaciones. El descubrimiento desató protestas, en las que los manifestantes exigieron una investigación a fondo por posibles abusos contra menores.
Decenas de padres se congregaron a las afueras del plantel con consignas como “los niños no se tocan”, señalando que el espacio no solo lo utilizaban como vivienda por personas ajenas a la institución, sino que también lo habrían empleado para castigos e incluso actos más graves.
De acuerdo con los testimonios, los padres detectaron la situación cuando observaron que personas desconocidas intentaban abandonar el lugar durante la madrugada, presuntamente tras contratar un servicio de mudanza. Al ingresar al plantel, encontraron un espacio acondicionado con cama, cocina, refrigerador y baño.
Una mujer habría habitado este sitio durante varios años, argumentando problemas económicos. Sin embargo, la comunidad escolar cuestionó cómo fue posible que la presencia de personas externas pasara desapercibida en un entorno donde conviven menores de edad.
Ante la gravedad de los señalamientos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que ya inició una investigación para esclarecer los hechos. Especialmente por las acusaciones de presuntos abusos y prácticas indebidas dentro del plantel.
Como medida preventiva, se determinó que los alumnos continúen sus clases en modalidad a distancia, priorizando su seguridad. Además, autoridades de seguridad acudieron al sitio para recabar información y resguardar la zona.
El caso ha tomado mayor relevancia luego de que exalumnos afirmaran que el “cuarto oscuro” existiría desde hace más de dos décadas. Aunque anteriormente lo utilizaban algunos familiares de directivos sin que se reportaran irregularidades.
Hoy, la situación ha encendido las alarmas sobre la supervisión en instituciones educativas privadas. Padres de familia exigen justicia y transparencia, mientras esperan que las investigaciones determinen responsabilidades y se garantice la protección de los menores.


