Una exalumna de Cornell demandó a la universidad por su actuación ante una violación a manos de siete estudiantes. Fiscales de Nueva York reabrieron el caso.

La Universidad de Cornell enfrenta nuevamente cuestionamientos por la manera en que atendió una denuncia de agresión sexual ocurrida en 2024. Una exalumna, identificada en documentos judiciales como Jane Doe, presentó una demanda civil contra la institución y siete integrantes de la fraternidad Chi Phi, a quienes acusa de haberla agredido sexualmente en una vivienda de la fraternidad.

De acuerdo con la demanda, a la joven habrían drogado y sometido a una agresión sexual durante varias horas cuando se encontraba incapacitada para consentir. El documento también señala que integrantes de la fraternidad habrían utilizado un chat grupal para invitar a otros estudiantes a participar. Estas acusaciones forman parte de un proceso civil y no constituyen por sí mismas una determinación de culpabilidad penal.

El caso tomó un nuevo rumbo después de que la demanda expusiera información y señalamientos que no habían formado parte de la investigación penal inicial. Matthew Van Houten, fiscal de distrito del condado de Tompkins, anunció que su oficina reabrirá la investigación y prepara el expediente para presentarlo ante un gran jurado, con la posibilidad de que este determine si existen elementos para formular cargos.

La investigación original no derivó en acusaciones penales contra los siete estudiantes señalados. El fiscal explicó que la declaración que la joven proporcionó a la Policía en 2024 presentaba diferencias importantes respecto de las acusaciones incluidas posteriormente en la demanda civil. La Fiscalía ahora busca determinar si existen nuevas evidencias que puedan modificar la evaluación realizada en aquel momento.

¿Qué paso con los estudiantes señalados?

La demanda también cuestiona las medidas disciplinarias que Cornell aplicó a los estudiantes involucrados en la investigación interna. Según el documento presentado por Jane Doe, los siete estudiantes recibieron suspensiones temporales y posteriormente algunos enfrentaron sanciones que, de acuerdo con la acusación, incluyeron la posibilidad de presentar ensayos para atenuar las consecuencias.

Sin embargo, Cornell rechazó la versión de que los ensayos hayan constituido la única sanción aplicada a los estudiantes. La universidad afirmó que realizó una investigación bajo el procedimiento de Title IX y que un panel revisó las pruebas y determinó diferentes medidas disciplinarias, entre ellas expulsiones y suspensiones. También señaló que la fraternidad Chi Phi fue cerrada en el campus en 2024.

La demanda sostiene que dos de los siete estudiantes fueron expulsados, mientras que los demás recibieron diferentes consecuencias dentro del proceso universitario. No obstante, las versiones sobre las sanciones son parte de una controversia que ahora forma parte de un escrutinio público más amplio sobre la respuesta institucional de Cornell ante las denuncias de violencia sexual.

Fiscalía de Nueva York reabre el caso

Con la reapertura del expediente, el caso podría llegar nuevamente al sistema de justicia penal de Nueva York. Van Houten indicó que una fiscal especializada en delitos sexuales trabaja en la preparación de la investigación y que la Fiscalía pretende llevar los elementos disponibles ante un gran jurado con la cooperación de Jane Doe.

La nueva revisión también considera evidencia presentada recientemente, entre ella mensajes de un chat relacionado con integrantes de Chi Phi que aparecen dentro de la demanda civil. La defensa de la denunciante considera que esos mensajes pueden ser relevantes para reconstruir lo ocurrido, mientras que las autoridades deberán determinar su valor dentro del análisis jurídico del caso.

El caso ha provocado además llamados para revisar la actuación de Cornell y de las autoridades locales frente a las denuncias de violencia sexual. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió una revisión independiente de la respuesta de la universidad, mientras Cornell manifestó que respalda la decisión de reabrir la investigación penal.

Por ahora, ninguno de los siete estudiantes señalados ha sido acusado penalmente por estos hechos, y la investigación continúa abierta. La decisión sobre posibles cargos corresponderá a las autoridades competentes y, en su caso, al proceso judicial correspondiente. La demanda civil contra Cornell y los demás involucrados continuará por una vía separada de la investigación criminal.