El Senado avaló la Ley General de Aguas con 85 votos a favor y 36 en contra. La reforma prioriza el derecho humano al agua, pero divide opiniones sobre control gubernamental y efectos en productores.

El Senado de la República aprobó en lo general la Ley General de Aguas, con una votación de 85 votos a favor y 36 en contra, enviando un mensaje decisivo sobre la regulación del recurso hídrico en México. La minuta, enviada por la Cámara de Diputados, deriva de una iniciativa del Ejecutivo Federal.

La cual busca garantizar el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua. La propuesta también plantea que el consumo humano y doméstico sea prioritario frente a permisos, concesiones o asignaciones.

Durante la discusión legislativa, el senador Óscar Cantón Zetina (Morena) destacó que la reforma rompe con la visión mercantilista del agua. Al devolver el trámite a los ciudadanos y “eliminando intereses privados”. Según el legislador, la nueva ley se convierte en una aliada para productores y campesinos, al promover un “trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente”. Esta postura subraya que la reforma protege a las comunidades rurales y garantiza un modelo más equitativo.

Sin embargo, la senadora Verónica Rodríguez Hernández (PAN) expresó preocupación, afirmando que la reforma abre la puerta a un uso político del agua. Según su postura, el Gobierno Federal tendrá control discrecional sobre concesiones y volúmenes. Lo que generaría riesgos para la democracia, la seguridad alimentaria y las familias mexicanas. Esta crítica posiciona la ley como una posible herramienta de manipulación electoral.

Por su parte, Juanita Guerra Mena (PVEM) defendió la propuesta al recalcar que la ley consolida una visión social del agua, dejando atrás el modelo de mercancía. Mientras tanto, Carolina Viggiano (PRI) advirtió que el proyecto carece de estudios económicos y presupuestales. Además de que no consulta a pueblos originarios, lo que deja el derecho al agua “solo en el discurso”.

Finalmente, legisladores como Lizeth Sánchez (PT) y Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) mostraron posturas encontradas: la primera consideró que se protege el patrimonio de familias campesinas. Mientras el segundo alertó sobre mayor control gubernamental sin contrapesos y riesgos de corrupción.

Con esta aprobación, el debate sobre la gestión del agua en México continúa. Marcando un precedente que impactará a productores, consumidores y gobiernos locales en los próximos años.