Enfrentamiento en el Instituto Angelopolitano dejó al menos 10 lesionados; padres y asociación civil intentaban destituir a director acusado de fraude.

Un fuerte enfrentamiento se registró a las afueras del Colegio Angelopolitano, en la ciudad de Puebla, donde al menos 10 personas resultaron lesionadas durante un intento por remover al director de la institución. El conflicto se originó cuando integrantes de la asociación civil y padres de familia buscaron destituir a quien señalan por presuntos delitos de fraude y lavado de dinero. La situación generó caos en plena hora de salida escolar.

De acuerdo con versiones de los involucrados, el operativo se llevó a cabo con la intención de retirar de sus funciones a Luis Raúl G.F. Quien, pese a que lo habían separado del cargo desde el año pasado, continúa ostentándose como director general. La intervención ocurrió cuando abogados y representantes legales acudieron al plantel para ejecutar una diligencia. Lo que derivó en un enfrentamiento físico con personas que respaldan al directivo.

Karen de la Rosa, presidenta del consejo de la asociación civil, explicó que el conflicto escaló cuando un grupo de docentes y personas externas comenzó a agredir a quienes participaban en la diligencia. Entre los lesionados se encuentran abogados, integrantes de la asociación y personal involucrado en el proceso legal, lo que evidenció la gravedad del altercado. Testigos señalaron que hubo golpes y amenazas durante el enfrentamiento.

Las acusaciones contra el director incluyen presuntas irregularidades financieras desde hace varios años, así como omisiones en la rendición de cuentas. Según la información disponible, tanto él como su cónyuge habrían dejado de reportar actividades fiscales, lo que motivó la intervención de la asociación civil. Estas denuncias aún deberán investigarlas las autoridades correspondientes.

El intento de destitución no se concretó, ya que el señalado se resguardó dentro del plantel con apoyo de simpatizantes. Además, algunos involucrados denunciaron haber recibido amenazas, lo que incrementa la tensión y preocupación por la seguridad de quienes participan en el proceso. El caso continúa en desarrollo y podría derivar en acciones legales adicionales.