Vecinos de Ignacio Romero Vargas reclaman respuestas y atención por los daños que dejó el estallido; la emergencia afectó viviendas y vehículos, además de dejar ocho personas lesionadas.

La explosión registrada en los baños de vapor Providencia, en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, Puebla, provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y dejó importantes afectaciones materiales. Ahora, ocho familias exigen justicia y respuestas ante las consecuencias del siniestro, que impactó directamente en su patrimonio y tranquilidad.

El incidente ocurrió la noche del jueves 12 de noviembre, minutos antes de las 20:00 horas, sobre la calle Hombres Ilustres, donde presuntamente una caldera del establecimiento provocó el estallido.

La onda expansiva alcanzó construcciones cercanas y causó daños en al menos cuatro inmuebles, además de afectar vehículos que circulaban o permanecían estacionados en la zona. Asimismo, ocho personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de edad, quienes presentaron quemaduras de primer grado, contusiones y heridas en distintas extremidades.

Ante la emergencia, elementos de Protección Civil, bomberos y paramédicos acudieron para auxiliar a los afectados, mientras las autoridades evacuaron preventivamente el perímetro.

Familias afectadas buscan respuestas y reparación de daños

La magnitud de la explosión generó preocupación entre los habitantes, principalmente entre quienes sufrieron afectaciones en sus viviendas. Por ello, ocho familias buscan justicia ante las pérdidas materiales que dejó el accidente y reclaman atención para recuperar la seguridad y tranquilidad en sus hogares.

Además, las autoridades inspeccionaron las instalaciones del establecimiento y revisaron 12 habitaciones para descartar personas atrapadas o más víctimas.

Otro aspecto que generó cuestionamientos fue la situación administrativa del negocio, pues, aunque se encuentra en territorio de Puebla capital, contaba con una licencia expedida por el Ayuntamiento de Cuautlancingo en 2024.

Por su parte, las autoridades deberán esclarecer las condiciones de funcionamiento del establecimiento y determinar posibles responsabilidades.

Mientras tanto, los afectados esperan respuestas concretas, reparación de los daños y garantías para evitar otra tragedia en la zona. La exigencia de las familias es clara: justicia y soluciones, no solamente promesas.