El Mercado Morelos se convirtió en foco de delincuencia organizada tras el hallazgo de una fosa clandestina, operativos de seguridad y la captura de 25 presuntos integrantes de La Familia Michoacana.

El Mercado Morelos se posicionó como uno de los puntos más críticos en materia de seguridad en la ciudad de Puebla, luego del hallazgo de restos óseos en un local comercial, lo que evidenció la presencia de la delincuencia organizada en la zona. Este hecho detonó una serie de operativos encabezados por autoridades estatales y federales que, en conjunto, lograron la captura de 25 presuntos generadores de violencia, vinculados principalmente con el grupo criminal conocido como La Familia Michoacana.

Desde el pasado 11 de febrero, el centro de abasto ubicado al norte de la capital poblana se mantuvo bajo constante vigilancia tras descubrirse una fosa clandestina entre la 44 y 46 Norte y Carril de la Rosa. Este operativo, que se extendió por más de dos días, permitió localizar diversos indicios que fortalecieron las investigaciones y dieron paso a nuevas diligencias para desarticular la red criminal que operaba en la zona.

A raíz de este suceso, se llevaron a cabo al menos tres cateos, en los que se decomisaron motocicletas con reporte de robo, armas de alto calibre y droga. Estos hallazgos confirmaron que el Mercado Morelos no solo funcionaba como centro de comercio, sino también como punto estratégico para actividades ilícitas, incrementando la preocupación entre autoridades y ciudadanos.

La presencia constante de fuerzas de seguridad generó tensión con comerciantes y locatarios, quienes realizaron dos manifestaciones. En un inicio, exigían el cese de los operativos debido a la caída en sus ventas; sin embargo, posteriormente reconocieron ser víctimas de extorsión, amenazas y cobro de piso por parte de integrantes de La Familia Michoacana, lo que evidenció el clima de violencia que enfrentaban.

Como resultado de distintos despliegues, autoridades lograron la detención de 25 presuntos delincuentes, entre ellos tres líderes identificados como principales operadores criminales, quienes exigían cuotas de hasta 30 mil pesos a comerciantes. Este golpe fue considerado significativo en la lucha contra el crimen organizado en la zona.

Finalmente, la situación se agravó con la irrupción de falsos elementos de la Fiscalía General de la República, quienes ingresaron al mercado para intimidar y revisar locales. Posteriormente, autoridades desmintieron su participación, confirmando que se trataba de un grupo ajeno a las instituciones oficiales, lo que incrementó la incertidumbre entre los locatarios.