Un hombre condenado a más de 19 años por violación infantil quedó liberado en Puebla tras un amparo; el caso genera indignación y revisión legal.

Un caso de alto impacto ha generado indignación en Puebla, luego de que un hombre sentenciado a más de 19 años de prisión por violación equiparada fuera liberado tras obtener un amparo federal. La decisión se ejecutó durante una audiencia judicial en la que se modificaron las medidas cautelares. Permitiendo que el acusado abandonara el penal y fuera trasladado a su domicilio bajo vigilancia electrónica.

De acuerdo con información oficial de la Fiscalía de Puebla, el sujeto había recibido una condena en enero de 2022 por abusar sexualmente de su sobrina desde que ella tenía cinco años. El delito se habría prolongado durante varios años dentro del entorno familiar. Lo que agravó la situación debido a la relación de confianza y cercanía entre víctima y agresor.

A pesar de la sentencia de 19 años y seis meses, el acusado únicamente cumplió poco más de cuatro años en prisión. La liberación se dio tras un fallo de un tribunal de alzada que permitió la obtención de un amparo, lo que derivó en la revisión de medidas cautelares. Como resultado, el imputado quedó puesto en arraigo domiciliario con un brazalete electrónico mientras continúa el proceso legal.

El caso ha generado preocupación debido a que la víctima y el agresor pertenecen al mismo núcleo familiar. Familiares de la menor han solicitado una nueva audiencia para revisar y endurecer las medidas cautelares, argumentando que existe un riesgo para la integridad de la víctima. La situación también ha reavivado el debate sobre el uso de recursos legales como el amparo en delitos graves.

Según la investigación, la víctima denunció los hechos años después, cuando ya estaba en la adolescencia, tras haber recibido amenazas de su agresor. La intervención de las autoridades permitió su detención meses después de la denuncia. Sin embargo, la reciente resolución judicial ha generado cuestionamientos sobre la actuación del sistema de justicia.

Este caso pone nuevamente en el centro de la discusión la protección de menores y la aplicación de la ley en delitos sexuales. Organizaciones civiles y ciudadanos exigen mayor rigor en las resoluciones judiciales, así como garantías efectivas para las víctimas en procesos de alto riesgo.