La Fiscalía de Oaxaca mantiene seis investigaciones contra autoridades municipales por posibles vínculos con la delincuencia organizada tras el caso de Juchitán.

La Fiscalía de Oaxaca mantiene al menos seis carpetas de investigación contra autoridades municipales por posibles vínculos con la delincuencia organizada, informó el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla. El funcionario señaló que los expedientes todavía se encuentran en proceso de integración y que, por ahora, no se han revelado los nombres de los servidores públicos ni los municipios involucrados.

Rodríguez Alamilla explicó que las investigaciones forman parte de los trabajos de inteligencia que realizan autoridades estatales y federales. La Fiscalía debe reunir elementos técnicos y científicos suficientes antes de solicitar órdenes de aprehensión ante un juez, por lo que los casos permanecen bajo reserva mientras avanzan las diligencias correspondientes.

El anuncio ocurrió después de las acciones emprendidas en Juchitán de Zaragoza, donde fue detenido el entonces presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”. Las autoridades lo señalan por su probable participación en delitos relacionados con extorsión agravada y seguridad del Estado; su situación jurídica deberá resolverse conforme avance el proceso judicial.

El caso Juchitán detonó nuevas investigaciones

De acuerdo con el fiscal, las investigaciones contra otras autoridades municipales no se concentran únicamente en una región de Oaxaca, pues existen expedientes relacionados con distintos puntos de la entidad. La Fiscalía mantiene bajo reserva los detalles para evitar afectar las indagatorias y preservar el debido proceso de las personas investigadas.

En el caso de Juchitán, Rodríguez Alamilla señaló que las autoridades trabajaron durante más de 11 meses en labores de inteligencia e investigación criminal antes de realizar las acciones que derivaron en las detenciones. La Fiscalía informó que el operativo también permitió detener a otras personas relacionadas con las investigaciones.

El fiscal también reportó que en los últimos cuatro años se registraron alrededor de 957 homicidios en la región del Istmo de Tehuantepec. Además, indicó que las acciones de seguridad implementadas durante los últimos meses permitieron detener a más de 250 personas en esa región.

Juchitán reorganiza su gobierno y seguridad

Después de la detención del alcalde, el Congreso de Oaxaca declaró la desaparición de poderes del Ayuntamiento de Juchitán. Posteriormente, el gobernador Salomón Jara Cruz designó a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal temporal para encabezar la transición institucional y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Como parte de las medidas anunciadas, el Gobierno de Oaxaca plantea reconstruir la Policía Municipal de Juchitán, además de fortalecer la vigilancia mediante cámaras de seguridad y coordinar acciones con las autoridades federales y estatales. Jara Cruz sostuvo que el objetivo consiste en recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad.

Las autoridades también desplegaron personal operativo en el municipio. El Gobierno estatal informó que 267 elementos participan en patrullajes preventivos, junto con vehículos y equipo destinado a reforzar la seguridad en la zona.

Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones

Mientras avanza la investigación relacionada con Juchitán, la Fiscalía de Oaxaca mantiene abiertas las seis carpetas contra autoridades municipales y continúa recopilando información para determinar si existen elementos que acrediten posibles vínculos con grupos delictivos. Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente a los funcionarios incluidos en esos expedientes.

Por ello, las investigaciones no implican por sí mismas que las autoridades señaladas sean responsables de un delito, pues corresponde a la Fiscalía reunir pruebas y, en su caso, presentar los elementos ante un juez para que determine las responsabilidades jurídicas correspondientes.

El caso de Juchitán mantiene la atención de las autoridades estatales y federales, mientras el gobierno municipal permanece bajo una administración provisional y se trabaja en la reorganización de la seguridad local. Las seis investigaciones adicionales podrían avanzar conforme la Fiscalía reúna los elementos necesarios para determinar los siguientes pasos legales.