Estudiantes del COBAEP aseguran que docentes golpearon a un hombre dentro del plantel y después los amenazaron para guardar silencio; el caso ya genera indignación en la comunidad educativa.

Una fuerte polémica sacude al Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP), plantel 2 Angelópolis, luego de que estudiantes denunciaran un presunto homicidio cometido dentro de las instalaciones y encubierto como la muerte de un indigente. El caso, que inicialmente se reportó como un fallecimiento por causas naturales, ahora desató indignación entre alumnos y padres de familia.

De acuerdo con testimonios de estudiantes, un hombre ajeno a la institución ingresó al plantel y corrió por las instalaciones mientras pedía que lo dejaran ir. Sin embargo, varios trabajadores y profesores lo persiguieron hasta las canchas del colegio.

Posteriormente, según relataron los alumnos, los docentes lograron someterlo en el suelo y comenzaron a golpearlo con patadas y puñetazos, a pesar de que el hombre gritaba y pedía que se detuvieran. Algunos testigos señalaron que la víctima parecía desorientada y posiblemente padecía una discapacidad mental.

Una situación muy grave

La situación se agravó cuando el hombre dejó de moverse tras la golpiza. En ese momento, algunos presentes intentaron auxiliarlo e incluso buscaron alcohol en un laboratorio para reanimarlo; sin embargo, el individuo ya no presentaba signos vitales. Minutos después, paramédicos confirmaron el fallecimiento.

No obstante, tras el incidente, la versión oficial indicó que un hombre en aparente situación de calle murió dentro del plantel, sin mencionar agresiones. Las autoridades educativas notificaron a los servicios de emergencia y a la Fiscalía para realizar las diligencias correspondientes.

Mientras tanto, los estudiantes afirman que docentes y directivos los amenazaron con expulsiones o suspensiones si difundían videos o hablaban sobre lo ocurrido. Incluso, algunos jóvenes aseguran que se les pidió borrar grabaciones que mostraban el momento de la agresión.

Ante la gravedad de las acusaciones, padres de familia y miembros de la comunidad escolar exigen una investigación a fondo y justicia para la víctima, mientras el caso escala en redes sociales y mantiene bajo presión a las autoridades educativas y ministeriales.