Autoridades del Estado de México desmantelaron una red de extorsión que suplantaba a ministros, gobernadores y alcaldes mediante llamadas, mensajes e inteligencia artificial.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, desmanteló una presunta red criminal dedicada a la extorsión mediante la suplantación de altos funcionarios públicos. El grupo utilizaba nombres e identidades de gobernadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y presidentes municipales para engañar a sus posibles víctimas.

Durante el operativo, las autoridades detuvieron a Luis ‘N’, Liliana ‘N’, Luis Samuel ‘N’, Aimee de Guadalupe ‘N’ y Agustín Arturo ‘N’. A los cinco los trasladaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya, donde un juez determinó vincularlos a proceso por el delito de extorsión y aplicarles prisión preventiva justificada.

Así operaba la presunta banda de extorsionadores

De acuerdo con las investigaciones, el grupo establecía contacto con sus víctimas mediante llamadas telefónicas y mensajes enviados a números personales. En una primera etapa, uno de los integrantes se hacía pasar por secretario particular de algún funcionario para generar confianza y obtener información de contacto.

Posteriormente, otro integrante asumía la identidad de un funcionario de alto nivel y realizaba solicitudes económicas bajo distintos argumentos. Entre las supuestas razones para entregar dinero estaban agilizar pagos, concretar operaciones políticas, incorporar personas a cargos públicos o recomendar la contratación de determinados servicios.

Para fortalecer el engaño, los integrantes de la red utilizaban números telefónicos con fotografías, nombres y logotipos relacionados con instituciones gubernamentales. Las autoridades también detectaron que los presuntos delincuentes recurrieron a herramientas de inteligencia artificial para imitar voces de funcionarios y elaborar conversaciones falsas, con las que buscaban convencer a sus víctimas.

Operaban desde un inmueble en Metepec

Las investigaciones permitieron ubicar el supuesto centro de operaciones en una residencia del fraccionamiento La Providencia, en Metepec, Estado de México. Durante el cateo realizado en el inmueble, las autoridades aseguraron equipos telefónicos, tarjetas SIM de diferentes compañías y varios vehículos de alta gama.

Además, los investigadores localizaron al menos 19 teléfonos celulares que presuntamente utilizaron con las tarjetas SIM aseguradas. Algunos de esos números coincidieron con líneas telefónicas relacionadas con personas que habrían sido víctimas o posibles objetivos de la red.

Entre los casos investigados destaca el supuesto intento de extorsión contra representantes de una empresa especializada en tecnología para documentos de identidad de alta seguridad. Los integrantes de la organización habrían ofrecido a los representantes la posibilidad de obtener un contrato y posteriormente les solicitaron una cantidad de dinero.

Exfuncionario, señalado como presunto líder

Las autoridades identificaron a Luis ‘N’ como presunto líder de la organización. Según la información de la investigación, anteriormente se desempeñó como tesorero general y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013, además de ocupar otros cargos dentro de la administración pública.

El señalado también contaba con antecedentes por peculado e inhabilitación administrativa en Michoacán, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades. Su experiencia en el servicio público y sus relaciones habrían facilitado el conocimiento de estructuras gubernamentales que, presuntamente, el grupo aprovechó para desarrollar el esquema de extorsión.

Finalmente, la Fiscalía del Estado de México informó que los cinco detenidos están vinculados a proceso desde el pasado 6 de octubre por el delito de extorsión. Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada y ordenó su ingreso al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya, mientras continúa el proceso judicial.