Julio Santos Lozano, de 62 años, acusa a Nayeli Salvatori, Grace Palomares y otras dos participantes del podcast por comentarios que considera ofensivos contra hombres mayores de 50 años.
La polémica alrededor del podcast “Des-casadas” escaló este lunes hasta la Fiscalía General del Estado de Puebla. El abogado Julio Santos Lozano, de 62 años, presentó una denuncia por el delito de discriminación y los que resulten contra cuatro personas, luego de considerar que algunos comentarios emitidos durante el programa afectaron al sector de hombres mayores de 50 años.
La querella señala a las diputadas Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela Palomares Ramírez, además de la conductora Nadia de la Rosa y Hilda Salvatori Bojalil, hermana de Nayeli. De acuerdo con el documento, las cuatro participaron en un episodio transmitido durante julio de 2026 a través de plataformas digitales y redes sociales.
Asimismo, Santos Lozano acreditó ante la autoridad ministerial que tiene 62 años mediante una copia de su credencial para votar. Con ello, argumentó que forma parte del grupo al que, según su denuncia, estuvieron dirigidas las expresiones que considera despectivas.
La polémica que llegó hasta las autoridades
Por otra parte, la denuncia surge después de que algunos comentarios del programa provocaran críticas en redes sociales. Las expresiones sobre hombres mayores de 50 años generaron una fuerte reacción pública, especialmente por frases que usuarios calificaron como discriminatorias y que dieron pie al apodo de “odia viejitos” para las legisladoras.
Ante este escenario, Santos Lozano pidió a la Fiscalía investigar los hechos y determinar si las conductas denunciadas constituyen algún delito o responsabilidad. Además, entregó documentación para acreditar su identidad, edad y datos de contacto dentro del procedimiento.
La controversia también alcanzó al ámbito político. Morena abrió un procedimiento ante su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mientras las diputadas ofrecieron disculpas públicas por sus comentarios.
Ahora, la Fiscalía deberá analizar la denuncia y definir si existen elementos para iniciar una investigación formal. El caso coloca nuevamente sobre la mesa el debate sobre discriminación, edadismo y responsabilidad en los contenidos difundidos en redes sociales.
