La FGE Puebla lo detuvo al ex alcalde de Cuautempan en Tlaxcala tras meses de búsqueda por despojo de patrimonio
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la captura de Gerardo Cortés Caballero, ex presidente municipal de Cuautempan, acusado de extorsión agravada mediante el uso de armas de fuego y el abuso de su poder político. Las autoridades localizaron al exfuncionario en el estado de Tlaxcala, donde lo detuvieron tras un operativo coordinado.
De acuerdo con la FGE, la aprehensión ocurrió el martes 3 de febrero a las 20:50 horas, en la calle Petra Márquez, entre Constructores y Privada Petra Márquez. Al momento de su captura, Cortés Caballero vestía chamarra y pantalón verde oscuro, además de calzado deportivo negro. Posteriormente, los agentes lo trasladaron de inmediato a territorio poblano para ponerlo a disposición de un Juez de Control.
El moudus operandi
Ahora bien, la investigación revela un modus operandi alarmante. Los hechos se remontan a octubre de 2024, cuando el entonces edil presuntamente utilizó patrullas oficiales, amenazas armadas y funcionarios municipales para despojar a un ciudadano de su patrimonio.
El 9 de octubre de 2024, la víctima acudió a un domicilio particular tras recibir una citación. Ahí, en presencia de otros servidores públicos del Ayuntamiento de Cuautempan, Cortés Caballero lo amagó con un arma de fuego y le exigió una camioneta Chirey Omoda 5 y 300 mil pesos en efectivo, bajo amenazas directas contra su familia. Además, lo obligó a firmar un contrato de compraventa simulado por 450 mil pesos.
Tres días después, el 12 de octubre, un funcionario municipal trasladó por la fuerza a la víctima en una patrulla oficial hasta el domicilio del edil. En ese lugar, el ex alcalde repitió las amenazas y lo despojó de una segunda camioneta marca BYD, además de forzarlo a firmar otro contrato falso por 550 mil pesos.
Finalmente, tras darse a la fuga en mayo de 2025, la FGE Puebla logró ubicarlo en Tlaxcala. Aunque trascendió que otras personas también fueron aseguradas durante el operativo, la Fiscalía no confirmó más detenciones. El caso avanza y coloca nuevamente en el centro del debate el uso ilegal del poder público para cometer delitos graves.
