Estados Unidos impuso sanciones contra Tomoko Akane, presidenta de la CPI, y el magistrado Abdoulaye Seye, en medio de su disputa con el tribunal.

Estados Unidos anunció sanciones contra Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), como parte de las medidas que el gobierno estadounidense mantiene contra integrantes de este tribunal internacional. La administración estadounidense también sancionó al magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien actualmente sustituye al fiscal de la CPI. Washington acusa a la institución de actuar con motivaciones políticas y cuestiona que sus funcionarios investiguen a personas cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción del tribunal.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó las nuevas medidas mediante un comunicado oficial. De acuerdo con el funcionario, Akane y Seye participaron directamente en acciones de la CPI relacionadas con investigaciones y procesos contra funcionarios de países que no reconocen la autoridad de la corte. La decisión representa una nueva escalada en la confrontación entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional. Institución que tiene su sede en La Haya, Países Bajos.

Las nuevas sanciones forman parte de una campaña emprendida por el gobierno del presidente Donald Trump contra la CPI. Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma, instrumento que estableció la Corte Penal Internacional. Por lo que Washington no reconoce la jurisdicción del tribunal. La CPI tiene competencia para investigar y, bajo determinadas condiciones, procesar casos relacionados con genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Entre las medidas que Estados Unidos ha utilizado contra funcionarios de la CPI se encuentran restricciones de viaje y el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense. La administración Trump ha dirigido varias de estas acciones contra jueces y fiscales relacionados con investigaciones que involucran a Israel. Washington considera que algunas actuaciones de la corte afectan a uno de sus principales aliados internacionales.

La relación entre Estados Unidos y la CPI se deterioró todavía más después de que el tribunal emitiera en 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant. Las órdenes estuvieron relacionadas con la investigación sobre presuntos crímenes cometidos durante la guerra en Gaza. La CPI también emitió órdenes contra integrantes de Hamás, varios de los cuales posteriormente murieron.

La decisión contra Tomoko Akane tiene relevancia porque la funcionaria ocupa la presidencia de la Corte Penal Internacional. Su sanción coloca a una de las principales autoridades del tribunal dentro de la lista de funcionarios afectados por las medidas estadounidenses. La acción de Washington busca aumentar la presión sobre una institución cuya jurisdicción Estados Unidos rechaza. Particularmente cuando sus investigaciones alcanzan a funcionarios de países aliados o de Estados que no reconocen al tribunal.

La CPI, por su parte, fue creada para investigar los delitos internacionales más graves cuando existen condiciones jurídicas que permiten ejercer su jurisdicción. Su establecimiento respondió a la necesidad de contar con una institución permanente capaz de llevar ante la justicia a responsables de crímenes que afectan a comunidades enteras. Sin embargo, Estados Unidos ha mantenido históricamente una postura crítica respecto al alcance de sus facultades.

Las nuevas sanciones también afectan al magistrado Abdoulaye Seye, de Senegal, quien actualmente sustituye al fiscal de la CPI. Según la administración estadounidense, ambos funcionarios participaron en acciones que Washington considera ilegítimas al involucrar a personas cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción del tribunal. El gobierno estadounidense sostiene que estas actuaciones forman parte de una CPI politizada. mientras que el tribunal defiende su independencia y sus atribuciones conforme al derecho internacional.

Con estas nuevas medidas, la disputa entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional vuelve a ocupar un lugar central en la agenda internacional. La sanción contra Akane representa un golpe diplomático contra la máxima autoridad de la institución. Y confirma que el gobierno estadounidense continuará utilizando herramientas económicas y administrativas contra funcionarios de la corte. El conflicto podría prolongarse mientras la CPI mantenga investigaciones que involucren a funcionarios de países que no reconocen su jurisdicción.