El Senado de México aprobó reformas a la Ley General de Salud que prohíben cigarrillos electrónicos y vapeadores. La iniciativa contempla sanciones de hasta 8 años de cárcel y multas millonarias.

El Senado de la República aprobó la prohibición total de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México, tras avalar en lo general y lo particular las reformas a la Ley General de Salud este 10 de diciembre.

Con 76 votos a favor y 37 en contra, el pleno dio luz verde a la iniciativa que ahora se envió al Ejecutivo Federal para su promulgación. La medida marca un cambio histórico en la regulación de dispositivos electrónicos para fumar, un mercado que creció exponencialmente en la última década.

La minuta incluye la creación de un capítulo específico dedicado a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos. Los cuales están definidos como todo aparato capaz de calentar, vaporizar o atomizar sustancias líquidas o sintéticas, con o sin nicotina, que el usuario pueda inhalar. El objetivo, según legisladores, consiste en frenar el uso de productos considerados altamente nocivos, especialmente entre adolescentes.

Con esta reforma, queda prohibida en todo el país la producción, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de vapeadores, incluidos aquellos de un solo uso. Además, se limita cualquier actividad relacionada con su fabricación, almacenamiento o transporte con fines comerciales. La autoridad sanitaria tendrá la facultad de verificar, decomisar y aplicar medidas de seguridad, independientemente de otras instancias.

Uno de los puntos más destacados es el endurecimiento de sanciones. La reforma establece que quien participe en la venta o distribución de vapeadores podría enfrentar de 1 a 8 años de prisión. Además de una multa que va desde 100 hasta 2,000 veces el valor diario de la UMA. Estas penas buscan desalentar el mercado ilegal que, según especialistas, podría incrementarse tras la prohibición.

La minuta aclara que la posesión y el consumo personal no se sancionarán, siempre que no se realicen actividades comerciales vinculadas a estos dispositivos. Asimismo, se prohiben todas las formas de publicidad o promoción que fomenten su uso, una medida que pretende disminuir su atractivo entre jóvenes.

La aprobación generó un amplio debate público, pues mientras sectores de salud celebran la decisión, comerciantes y usuarios advirtieron posibles afectaciones económicas y el riesgo de que el mercado se vuelva clandestino.