Familiares de reos del Penal de San Miguel bloquearon ocho vialidades de Puebla durante más de tres horas para denunciar cobros ilegales, corrupción y agresiones. Tras dialogar con autoridades, liberaron las calles.

Familiares de personas privadas de la libertad en el Penal de San Miguel realizaron ocho bloqueos simultáneos en Puebla capital y la zona metropolitana para exigir la destitución del director del centro penitenciario, Jorge Ortiz Delgadillo. Los manifestantes denunciaron presuntos cobros ilegales, actos de corrupción y agresiones contra los internos. Las movilizaciones comenzaron alrededor de las 11:00 horas del martes 10 de noviembre y provocaron importantes afectaciones a la circulación durante más de tres horas.

Los inconformes señalaron que dentro del centro penitenciario presuntamente exigen pagos de miles de pesos a algunos internos para permitirles permanecer en determinadas celdas, acceder a ciertos espacios o evitar represalias. También acusaron que algunos reclusos enfrentan amenazas y agresiones cuando no pueden cubrir las cantidades solicitadas. Por ello, exigieron que las autoridades investiguen las presuntas irregularidades y retiren a los internos que, según sus denuncias, participan en estas prácticas.

La protesta se extendió a diferentes puntos estratégicos de la capital poblana y municipios cercanos. La Secretaría de Gobernación confirmó que los manifestantes cerraron ocho ubicaciones, entre ellas el Periférico Ecológico, a la altura del C5; avenida Reforma y 11 Sur; avenida Reforma y 3 Sur; así como las inmediaciones de Casa Aguayo, en la 14 Oriente y el bulevar 5 de Mayo.

También bloquearon la autopista México-Puebla, en ambos sentidos, a la altura del puente de Xoxtla, además de la caseta con dirección a Atlixco, Camino al Batán y las inmediaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en el cruce de 5 Sur y 5 Poniente.

La autopista México-Puebla registró algunas de las mayores afectaciones, debido al cierre de ambos sentidos, situación que provocó largas filas de vehículos. El Periférico Ecológico también presentó complicaciones frente al C5, mientras que los bloqueos en el Centro Histórico interrumpieron el tránsito en avenida Reforma y sus calles cercanas.

Durante las movilizaciones, algunos inconformes utilizaron llantas y ramas para impedir el paso de los automovilistas. Además, se registró la quema de estos materiales en determinados puntos. El Gobierno estatal aclaró que no hubo incendios de vehículos y que los incidentes correspondieron únicamente a la quema de llantas y ramas.

Daños en Casa Aguayo y diálogo con autoridades

La movilización también llegó a las inmediaciones de Casa Aguayo, donde algunos manifestantes, varios de ellos con el rostro cubierto, ocasionaron daños en los cristales del inmueble. Ante la tensión registrada, el secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, permaneció en el lugar y ofreció recibir a una comisión de familiares para escuchar sus inconformidades.

El subsecretario de Desarrollo Político, Rodolfo Huerta Espinosa, también participó en los acercamientos con los inconformes y propuso integrar una comisión para avanzar en las negociaciones. Después de las conversaciones, ambas partes acordaron instalar una mesa de diálogo para revisar las denuncias relacionadas con el funcionamiento del Penal de San Miguel.

Este acercamiento permitió destrabar la movilización y establecer un canal de comunicación entre los familiares y las autoridades estatales. La Secretaría de Gobernación informó que los ocho puntos de bloqueo quedaron liberados después de las 14:30 horas, por lo que la circulación comenzó a restablecerse gradualmente en las principales vialidades afectadas.

Destitución del director y traslado de internos siguen pendientes

Aunque los manifestantes consiguieron el compromiso de establecer una mesa de diálogo, las autoridades no anunciaron la destitución inmediata de Jorge Ortiz Delgadillo. Por lo tanto, la salida del director del Penal de San Miguel permanece como una de las principales exigencias de los familiares.

Tampoco se confirmó el traslado de los internos que los inconformes señalaron como presuntos responsables de cobros y agresiones dentro del centro penitenciario. Estas solicitudes quedaron pendientes para su revisión durante los encuentros con representantes del Gobierno estatal.

La Secretaría de Seguridad Pública había informado inicialmente que buscaría establecer comunicación con los manifestantes mediante la Subsecretaría de Centros Penitenciarios. Sin embargo, la intervención de la Secretaría de Gobernación permitió concretar los primeros acuerdos y avanzar hacia la liberación de las vialidades.

Con el retiro de los manifestantes, el tránsito comenzó a normalizarse, aunque algunos accesos todavía registraron congestionamientos por las filas acumuladas durante los cierres. Mientras tanto, los familiares mantienen su exigencia de investigar los presuntos actos de corrupción, cobros ilegales y agresiones denunciados dentro del Penal de San Miguel.