El crecimiento inmobiliario en la zona metropolitana de Puebla vuelve a poner sobre la mesa el acceso a tierras agrícolas y los derechos de las comunidades ejidales frente al avance de los grandes desarrollos residenciales.

La expansión de Lomas de Angelópolis continúa generando tensiones en comunidades campesinas de la zona metropolitana de Puebla. El crecimiento de los complejos inmobiliarios ha transformado terrenos que durante décadas sirvieron para actividades agrícolas y ha abierto una discusión sobre el acceso a caminos ejidales que conectan con parcelas de trabajo.

Los habitantes de localidades como Santa María Malacatepec, San Antonio Cacalotepec y Santa Clara Ocoyucan han expresado preocupaciones por los cambios territoriales que acompañan la urbanización. Además, representantes comunitarios denuncian dificultades para conservar sus espacios productivos y mantener el acceso a sus tierras.

Este conflicto refleja un problema que va más allá de la construcción de viviendas: los campesinos buscan preservar sus derechos agrarios y las vías que necesitan para trabajar sus parcelas.

El día de hoy manifestantes señalaron directamente a los empresarios de la familia Posada Cueto, desarrolladores del complejo residencial, por haber cercado y cerrado de manera unilateral las brechas que conectan a la comunidad con sus predios.

De acuerdo con la denuncia ejidal, la constructora extendió de forma arbitraria los límites perimetrales de las privadas para integrarlos a Lomas de Angelópolis, vulnerando el libre tránsito y el derecho sobre las tierras comunales.

Hasta este momento, las autoridades municipales de Ocoyucan y los representantes legales de Grupo Proyecta no han emitido comunicados oficiales respecto al inicio de los derribos ni sobre la apertura de mesas de diálogo con la comunidad.

Crecimiento inmobiliario aumenta la tensión en comunidades rurales

Por otra parte, el desarrollo de Lomas de Angelópolis ha generado cuestionamientos sobre la transformación de antiguas tierras ejidales. Diversos reportes periodísticos documentan disputas por terrenos, operaciones de compraventa y desacuerdos entre pobladores y desarrolladores inmobiliarios.

Asimismo, integrantes de organizaciones comunitarias han advertido que el crecimiento urbano puede limitar el acceso a parcelas cuando los nuevos fraccionamientos modifican los caminos tradicionales.

Ante este panorama, resulta fundamental que las autoridades agrarias y municipales revisen la situación jurídica de los terrenos, garanticen el libre acceso conforme a derecho y escuchen a las comunidades afectadas.

El desafío consiste en equilibrar el desarrollo urbano con la protección del territorio campesino, sin ignorar los derechos de quienes dependen de la tierra para sostener sus actividades económicas y familiares.