La movilización crece en distintas ciudades francesas, mientras el descontento por la educación pública, el ajuste presupuestario y las condiciones sociales eleva la presión sobre el Gobierno.
Francia enfrenta una nueva jornada de movilizaciones que comenzó entre estudiantes de secundaria y universidades, pero rápidamente sumó a profesores, sindicatos, agricultores y otros sectores sociales. El movimiento surgió el 17 de septiembre en un instituto de Créteil, en la periferia de París, donde alumnos denunciaron falta de personal, salones saturados y deterioro de las instalaciones.
Desde entonces, las protestas se extendieron por diferentes ciudades y aumentaron la tensión. Este martes 6 de octubre, cientos de miles de personas salieron a las calles de Francia, mientras varios centros educativos registraron bloqueos y suspensión parcial de clases. En París, la movilización reunió a decenas de miles de manifestantes.
Además, los inconformes cuestionan los recortes previstos en el presupuesto de 2027 y reclaman mayores recursos para la educación pública. Por su parte, el Gobierno busca contener la movilización y abrió una consulta nacional sobre la enseñanza secundaria.
Choques con la Policía elevan la tensión en las calles
Sin embargo, el conflicto también adquirió un tono más confrontativo. Algunas manifestaciones terminaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, además de bloqueos y daños materiales en distintos puntos del país. Las autoridades reportaron cientos de detenciones durante las jornadas recientes.
Asimismo, sindicatos han advertido que la violencia puede debilitar las demandas originales del movimiento. Mientras tanto, sectores políticos de izquierda respaldan las reivindicaciones estudiantiles, aunque el Gobierno y fuerzas de derecha los acusan de influir en la movilización; La Francia Insumisa rechaza esa acusación.
En paralelo, la ultraderecha observa el escenario con atención ante la proximidad de las elecciones presidenciales. La crisis social y económica coloca al Gobierno ante semanas decisivas, especialmente mientras el Parlamento analiza un presupuesto con medidas de ajuste por alrededor de 50 mil millones de euros.
