Pável Gaspar afirmó que Nay Salvatori y Grace Palomares no recibirán sanción en el Congreso de Puebla por sus expresiones discriminatorias contra adultos mayores.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Pável Gaspar Ramírez, descartó que el Congreso de Puebla sancione a las diputadas Nay Salvatori y Grace Palomares por las expresiones que realizaron contra adultos mayores. El legislador señaló que ambas continuarán desempeñando sus funciones dentro del Poder Legislativo local. La decisión ocurre mientras Morena mantiene un procedimiento disciplinario contra las dos legisladoras por sus declaraciones.

Pável Gaspar reconoció que el Congreso de Puebla emitirá un pronunciamiento institucional sobre las expresiones de las diputadas, aunque evitó establecer una fecha para publicar dicha postura. El presidente de la Jugocopo justificó la falta de una sanción legislativa al señalar que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ya suspendió temporalmente los derechos partidistas de Salvatori y Palomares. Sin embargo, esta medida interna no implica que las legisladoras pierdan sus cargos como diputadas locales.

CNDH pidió una postura oficial del Congreso

La postura de la dirigencia del Congreso ocurre después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calificara como inaceptables los discursos discriminatorios que pretenden justificar determinadas expresiones bajo el argumento del humor. El organismo pidió al Congreso de Puebla fijar una posición institucional y fortalecer sus mecanismos internos para evitar que los representantes populares reproduzcan discursos discriminatorios. La CNDH también planteó la necesidad de impulsar acciones de sensibilización sobre vejez y derechos humanos.

Ante este llamado, Pável Gaspar afirmó que los integrantes del Congreso local no comparten la manera en que se expresaron las diputadas, aunque también sostuvo que respetan sus posturas personales. El presidente de la Jugocopo evitó asumir una postura de condena directa contra Salvatori y Palomares, mientras aseguró que el Poder Legislativo trabajará en la revisión de sus normas internas. El objetivo, explicó, consiste en establecer criterios más claros sobre la conducta de quienes ocupan cargos públicos.

Buscan modificar el código de ética del Congreso

Como parte de las acciones posteriores a la polémica, Pável Gaspar anunció una reunión con Rosa Isela Sánchez Soya, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, para analizar posibles modificaciones al código de ética del Congreso. La intención será perfeccionar las reglas que deben observar los legisladores durante el ejercicio de sus funciones. La medida busca establecer herramientas para prevenir expresiones que puedan vulnerar los derechos de determinados grupos sociales.

El presidente de la Jugocopo también recordó que quienes ocupan un cargo público tienen la responsabilidad de cuidar sus declaraciones y conducirse conforme a las normas correspondientes. En ese sentido, señaló que los diputados de Morena deben respetar los principios y códigos de ética establecidos por el partido, aunque las sanciones partidistas corresponden a los órganos internos de Morena. La suspensión aplicada a Salvatori y Palomares limita su participación en actividades partidistas, pero no afecta directamente sus curules.

Salvatori y Palomares continuarán como diputadas

Por ahora, Nay Salvatori y Grace Palomares continuarán como integrantes del Congreso de Puebla y no deberán solicitar licencia ni separarse de sus cargos. La suspensión temporal de sus derechos partidistas únicamente restringe su participación en determinados procesos y espacios internos de Morena mientras avanza el procedimiento disciplinario. La situación jurídica y política de ambas legisladoras dependerá de las resoluciones que adopten posteriormente las autoridades partidistas.

Mientras tanto, el Congreso de Puebla mantiene pendiente el pronunciamiento solicitado por la CNDH. Pável Gaspar no precisó cuándo se emitirá la postura institucional, por lo que el debate sobre los límites de las expresiones de los legisladores y la responsabilidad de los servidores públicos continuará en la agenda del Poder Legislativo. El caso también abrió la discusión sobre la necesidad de reforzar los códigos de ética y las políticas contra la discriminación dentro del Congreso local.