Un juez vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando relacionados con un esquema de huachicol fiscal.

Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en un esquema de huachicol fiscal. Al considerar que existen elementos suficientes para investigarlo por los delitos de delincuencia organizada y contrabando. La resolución también alcanzó a otras siete personas señaladas por la Fiscalía General de la República (FGR). Quienes presuntamente habrían formado parte de una red dedicada a la importación, distribución y comercialización irregular de hidrocarburos.

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía de la República, los imputados quedaron detenidos la semana pasada durante un operativo encabezado por el Gabinete de Seguridad. Como resultado de una investigación de alta complejidad sobre presuntas operaciones ilícitas relacionadas con combustibles. Posteriormente los pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la acusación contra Ernesto Ruffo Appel y los demás imputados, lo que derivó en la vinculación a proceso. Como parte de las medidas cautelares, el exmandatario de Baja California, junto con Ricardo Thompson, José María de la Peña, Juan Hermilo y Luis Barrientos, permanecerá interno en el penal federal del Altiplano mientras continúan las investigaciones.

En tanto, José María Peña y Guillermo de la Peña obtuvieron prisión domiciliaria debido a cuestiones de salud. Mientras que Adriana Magali permanecerá recluida en el Centro Penitenciario Nezahualcóyotl Sur. Las autoridades continuarán con la integración de la carpeta de investigación para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.

Según la FGR, a Ernesto Ruffo lo investigan por su presunta relación con operaciones de contrabando de combustible a través de la empresa Ingemar. Y lo identificaron como accionista mayoritario. Dicha compañía la vincularon con el aseguramiento de aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos transportados en 129 ferrotanques en Coahuila. Cargamentos que presuntamente no contaban con la documentación necesaria para acreditar su legal procedencia.

Antes de su detención, el exgobernador sostuvo públicamente que su empresa únicamente se encargaba de la logística de importación y del trámite aduanal. Rechazando cualquier participación en actividades ilícitas relacionadas con el comercio de combustibles. Sin embargo, las investigaciones también relacionan a Ingemar con otros aseguramientos realizados en Tamaulipas, donde decomisaron alrededor de 7 millones de litros de hidrocarburo.

¿Qué es el huachicol fiscal?

El huachicol fiscal consiste en un esquema de importación irregular de combustibles diseñado para evadir el pago de impuestos. Mediante el uso de documentación falsa o la declaración del hidrocarburo como si se tratara de otros productos, como aceites o sustancias químicas. Una vez que el combustible ingresa al país, puede distribuirse en el mercado nacional o incorporado a redes ilegales de comercialización.

Entre las principales prácticas atribuidas a este tipo de operaciones destacan la utilización de documentos apócrifos, la simulación del tipo de mercancía importada y la evasión de obligaciones fiscales. Lo que genera importantes pérdidas económicas para el Estado y favorece el desarrollo de redes de delincuencia organizada dedicadas al tráfico de hidrocarburos.

Con la vinculación a proceso, la investigación penal continuará en su etapa complementaria, periodo en el que la FGR buscará fortalecer las pruebas para determinar la responsabilidad legal de los imputados. Mientras la defensa de Ernesto Ruffo Appel podrá presentar los argumentos y elementos que considere pertinentes dentro del proceso judicial.