Una nueva versión del secuestro del empresario Javier C. en Chipilo señala que Francesca Soliman Minutti habría fungido como enlace entre su excuñada y el grupo criminal que ejecutó el plagio en 2014.

El caso del secuestro del empresario Javier C., ocurrido en febrero de 2014 en las inmediaciones de Chipilo, volvió a cobrar relevancia tras la difusión de una nueva línea de investigación que replantea el papel de Francesca Soliman Minutti, empresaria y propietaria de la cadena Topolino. De acuerdo con la información más reciente, la mujer no habría planeado el plagio, sino que presuntamente actuó como intermediaria entre su entonces excuñada, Angélica Fascinetto Merlo, y el grupo de hombres que privó de la libertad a la víctima.

Según esta versión, Angélica Fascinetto Merlo buscaba vengarse de su expareja por una presunta infidelidad y pidió apoyo a Francesca Soliman Minutti para encontrar personas que lo agredieran físicamente. Posteriormente, la empresaria contactó a un profesor de educación física que aseguró conocer a individuos dispuestos a realizar ese tipo de trabajos a cambio de dinero. A partir de ese momento, el plan cambió de rumbo y derivó en un secuestro que conmocionó a la región.

Del supuesto ajuste de cuentas a un secuestro millonario

Las investigaciones indican que el grupo criminal interceptó a Javier C. al salir de un centro nocturno ubicado en la periferia de Chipilo, donde inicialmente pretendían golpearlo. Sin embargo, al conocer la capacidad económica de su familia, los delincuentes decidieron mantenerlo cautivo, trasladarlo en la cajuela de su propio vehículo y posteriormente moverlo entre distintos moteles. Después exigieron un rescate de cinco millones de pesos, aunque finalmente aceptaron 75 mil pesos para liberarlo.

Con el avance de las investigaciones, las autoridades lograron detener a varios integrantes de la banda, quienes señalaron a Angélica Fascinetto Merlo como la presunta autora intelectual del secuestro. Años más tarde, Francesca Soliman Minutti volvió a ser detenida al considerarla una pieza clave para el esclarecimiento total del caso, luego de permanecer más de 12 años fuera del alcance de la justicia. El proceso judicial continúa, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.