La presidenta de México aseguró que ninguna relación política frenará la justicia en el caso de Víctor Rodríguez Padilla, mientras la Fiscalía General del Estado de Morelos ya investiga la denuncia presentada por María Felicia Jiménez.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó una postura firme frente a las acusaciones por violencia familiar que enfrenta el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que su administración no protegerá a ningún servidor o exservidor público señalado por agresiones contra las mujeres y exigió que las autoridades apliquen “todo el peso de la ley”.

El pronunciamiento surgió después de que María Felicia Jiménez, académica e investigadora, difundiera un video en el que exhibe una presunta agresión ocurrida el 15 de marzo de 2026 dentro de su domicilio y en presencia de uno de sus hijos. Posteriormente, la víctima formalizó la denuncia y solicitó medidas de protección para ella y su familia.

Sheinbaum precisó que la investigación corresponde a la Fiscalía General del Estado de Morelos, debido a que los hechos ocurrieron en esa entidad. Además, informó que la Secretaría de las Mujeres ya mantiene comunicación con la denunciante para brindarle acompañamiento jurídico e institucional durante el proceso.

Sin nuevos cargos públicos y con investigación en marcha

La titular del Ejecutivo también aclaró que el nombramiento de Víctor Rodríguez Padilla al frente del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) nunca se formalizó, por lo que el exfuncionario no ocupará ese cargo ni otro dentro de la administración federal mientras enfrenta las investigaciones correspondientes.

Asimismo, reiteró que la ley debe aplicarse sin privilegios ni excepciones. “No vamos a proteger a nadie”, enfatizó la mandataria al subrayar que el combate a la violencia de género constituye una prioridad para su gobierno. La postura presidencial recibió respaldo de distintos sectores que exigieron una investigación imparcial y el acceso pleno a la justicia para la víctima.

El caso generó un amplio debate nacional sobre la violencia contra las mujeres y la responsabilidad de las instituciones para garantizar procesos transparentes, protección efectiva a las víctimas y sanciones ejemplares cuando existan elementos que acrediten la comisión de un delito.