María Hilda N., conocida como “Lili” y ex Miss Puebla, obtuvo un cambio de medidas cautelares y continuará su proceso judicial fuera de prisión. Las víctimas expresaron preocupación por su seguridad.

La ex reina de belleza María Hilda N., conocida como “Lili”, abandonó la prisión este jueves tras obtener un cambio en sus medidas cautelares, por lo que continuará su proceso judicial fuera del penal y bajo supervisión electrónica mediante un brazalete. La resolución judicial generó preocupación entre las mujeres que la denunciaron por presunta explotación laboral, ya que consideran que su liberación podría ponerlas en una situación de vulnerabilidad.

La decisión se tomó durante una audiencia celebrada en el Tribunal de Enjuiciamiento ubicado junto al penal de San Miguel. Ahí, la autoridad judicial autorizó que la ex Miss Puebla enfrentara el proceso fuera de la cárcel. La mujer permaneció privada de la libertad durante aproximadamente tres años. Luego de que la señalaran por presuntamente reclutar a jóvenes de comunidades de la Sierra Norte de Puebla para emplearlas en labores domésticas bajo condiciones que las denunciantes calificaron como abusivas.

Según las investigaciones, a las víctimas las trasladaron a un domicilio ubicado en la colonia San Manuel, donde presuntamente eran sometidas a jornadas extenuantes de trabajo. Los testimonios recabados durante el proceso señalaron que las trabajadoras enfrentaban constantes humillaciones, restricciones alimentarias, amenazas y agresiones físicas. Incluso, una de las denunciantes aseguró haber sufrido quemaduras durante el tiempo que permaneció bajo el control de la acusada.

Las autoridades iniciaron las investigaciones después de que una de las víctimas logró escapar y presentar una denuncia formal. Como resultado, María Hilda N. quedó detenida en marzo de 2023. Aunque inicialmente recuperó su libertad debido a irregularidades detectadas en el procedimiento de captura, fue reaprehendida días después y permaneció en prisión desde entonces.

La reciente resolución judicial ha provocado inquietud entre las denunciantes y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. Las víctimas exigen garantías de protección y el seguimiento puntual del proceso penal, pues consideran que aún existe riesgo para su integridad.