Autoridad federal detecta opacidad en precios y falta de comprobantes; institución deberá transparentar cobros a padres de familia

Un golpe a la transparencia en el sector educativo privado de Puebla. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió las actividades comerciales del Colegio Internacional de Puebla tras detectar diversas irregularidades durante una visita de verificación realizada luego de una denuncia ciudadana.

La medida incluyó la colocación de sellos de suspensión en el plantel, ubicado en la colonia Lomas de Loreto, lo que implica que la institución no podrá ofrecer ni cobrar servicios educativos hasta corregir las anomalías señaladas por la autoridad federal.

Durante la inspección, personal de Profeco identificó incumplimientos a la Ley Federal de Protección al Consumidor, principalmente relacionados con la falta de información clara para los usuarios del servicio educativo. Entre las irregularidades detectadas se encuentra la ausencia de precios visibles para el público, situación que impedía a madres y padres de familia conocer con certeza el costo de colegiaturas, inscripciones y otros pagos vinculados con la educación de sus hijos.

Una falta que vulnera los derechos del consumidor

La dependencia también documentó la falta de entrega de comprobantes de pago en diversas transacciones, además de la inexistencia de información comercial clara, veraz y suficiente, condiciones que vulneran los derechos de las personas consumidoras y generan incertidumbre sobre los cobros realizados por la institución.

Estas prácticas, además de representar un incumplimiento legal, podrían propiciar cobros discrecionales o poco transparentes, afectando directamente a las familias que invierten en la educación privada de sus hijos.

Ante este escenario, Profeco determinó la suspensión de la comercialización de servicios educativos del colegio, medida que permanecerá vigente hasta que el plantel demuestre el cumplimiento de la normatividad y corrija las observaciones realizadas durante la inspección.

La autoridad federal reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores, especialmente en sectores sensibles como la educación privada, donde la información clara sobre costos y condiciones del servicio resulta clave para la toma de decisiones de las familias.