Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre incluir dos días de descanso obligatorios en la reforma laboral de 40 horas. Oposición critica que sería una “justicia a medias”.

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó fijar postura sobre incluir de manera explícita dos días de descanso por cada 40 horas trabajadas dentro de la reforma laboral que actualmente avanza en el Congreso.

La iniciativa, que busca reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas, se encuentra próxima a su discusión en la Cámara de Diputados. En medio de cuestionamientos por parte de colectivos y legisladores de oposición.

Durante una conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de garantizar en la ley el derecho a dos días de reposo obligatorio por semana. En respuesta, señaló que la demanda histórica de los trabajadores ha sido la reducción a 40 horas. Y que su gobierno está cumpliendo con ese compromiso, subrayando que la disminución no debe afectar el salario de los empleados.

“¿No ve factible que se pudiera avanzar hacia tener dos días de descanso y no solamente la reducción de horarios?”, cuestionaron a la mandataria.

“La demanda histórica de los trabajadores había sido 40 horas y estamos cumpliendo, es importante que además se garantice el ingreso porque no es que haya 40 horas a costa del salario (…). Hasta ahora es la demanda de los trabajadores y se está cumpliendo”, respondió la presidenta Sheinbaum.

Colectivos laborales han advertido que la propuesta no establece de forma expresa los dos días de descanso, lo que -afirman- podría beneficiar a empleadores al permitir esquemas flexibles que no aseguren un reposo continuo. Para estos grupos, la discusión central no solo es la reducción de horas. Sino garantizar condiciones dignas y tiempos adecuados de recuperación para millones de trabajadores.

Sheinbaum indicó que el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, podría explicar los alcances técnicos de la iniciativa. Argumentó además que existen conquistas laborales históricas vigentes desde 1917 que deben preservarse, y que otros aspectos pueden detallarse en leyes secundarias.

Desde la oposición, el senador Marko Cortés calificó la propuesta como una “justicia a medias”, al considerar que la reducción debería aplicarse antes de 2030. Señaló que existe mayoría legislativa para aprobar una reforma más amplia, pero cuestionó la voluntad política para hacerlo de inmediato.