Javier López Zavala recibió la sentencia máxima de 60 años de cárcel junto a sus cómplices por el feminicidio de Cecilia Monzón

San Miguel marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género. Este miércoles 31 de diciembre, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó la sentencia máxima de 60 años de prisión contra Javier López Zavala, ex candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, por el feminicidio de Cecilia Monzón. La justicia también alcanzó a Jair N. y Silvestre N., quienes recibieron la misma pena por su participación directa en el crimen.

Además de la condena, los tres sentenciados deberán pagar 1,000 UMAs de multa, así como 3,000 UMAs por reparación del daño moral y 1,200 UMAs por indemnización, con el objetivo de garantizar justicia integral a las víctimas indirectas.

La Audiencia de Individualización de Sanciones y Reparación del Daño arrancó a las 9:00 horas con los alegatos finales. Tras un receso a las 11:00, el tribunal retomó la sesión a las 13:00 horas y, minutos antes de las 15:00, confirmó la pena máxima de 60 años de prisión para el autor intelectual y los ejecutores materiales.

Se hizo justicia

El caso tomó relevancia nacional por el perfil político de López Zavala, quien ocupó la Secretaría de Gobernación estatal y compitió por la gubernatura en 2010. La sentencia envía un mensaje claro: la ley también sanciona a exfuncionarios de alto nivel cuando ejercen violencia de género.

Junto al exfuncionario, el tribunal ratificó la responsabilidad de Jair N., sobrino de Zavala y encargado de la logística, y de Silvestre N., identificado como el autor material del disparo. Las autoridades acreditaron que ambos participaron activamente en la planeación y ejecución del ataque ocurrido en mayo de 2022 en San Pedro Cholula.

La resolución se sustentó en una investigación sólida de la Fiscalía General del Estado, que acumuló más de ocho meses de juicio oral y 80 audiencias. La fiscalía probó la premeditación del crimen y el uso de un arma de fuego calibre 9 milímetros, elementos clave para que el juez desechara los argumentos de la defensa y aplicara la sanción más severa.

Este fallo definitivo llegó después de la declaratoria de culpabilidad del 23 de diciembre, y cerró un proceso de más de tres años marcado por intentos de dilación legal. Aun así, el tribunal priorizó la evidencia científica y los testimonios especializados, y construyó una condena firme.

Con la sentencia, las autoridades iniciarán el proceso de ejecución penal para el traslado permanente de los responsables a los centros de reinserción social correspondientes. La justicia poblana cierra así uno de los procesos más complejos de los últimos años y consolida un precedente histórico contra el feminicidio.